La Guardia Civil desmantela una red de carne ilegal distribuida a restaurantes de Madrid

Detenidas cinco personas y cerrados varios restaurantes tras detectar mataderos clandestinos y transporte ilegal de ganado sin medidas higiénicas ni veterinaria

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir de forma ilegal carne de cordero y cabra en el circuito comercial sin ningún tipo de control sanitario. La operación, denominada Pox, ha culminado con cinco detenciones y 12 personas investigadas por delitos que van desde maltrato animal hasta falsedad documental, pasando por blanqueo de capitales.

Los agentes han detectado mataderos y centros de concentración de animales completamente ilegales en las provincias de Ávila, Toledo y Madrid. Las condiciones de los animales eran deplorables: muchos sufrían inanición o presentaban enfermedades y deformidades graves. En total, más de 350 tuvieron que ser sacrificados.

El epicentro de la trama era una explotación sin registrar en Toledo, desde donde se organizaban transportes irregulares de ganado, mezclando reses legales e ilegales. Parte de esta carne se introducía en el mercado a través de un matadero autorizado en Ávila, mientras que otra terminaba en un centro clandestino en San Fernando de Henares, donde los animales eran sacrificados sin garantías sanitarias.

Carne sin trazabilidad

La red distribuía la carne a través de restaurantes —cuatro de ellos ya clausurados— e incluso mediante reparto a domicilio en Madrid. Además, varios particulares recogían directamente los productos cárnicos para su venta sin trazabilidad alguna.

La organización funcionaba de manera jerarquizada, con roles bien definidos para cada miembro, lo que les permitía sortear controles oficiales. También utilizaban facturación falsa y pagos en efectivo para evadir impuestos, lo que ha sido catalogado como blanqueo de capitales.

La operación ha sido coordinada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), con apoyo de Europol, SEPRONA y autoridades autonómicas y locales. La trama no solo pone en jaque la seguridad alimentaria, sino que amenaza al sector ganadero con la propagación de enfermedades como la viruela ovina-caprina, al operar completamente al margen de las normativas de cuarentena y sanidad animal.