Fiscal general: Apelaciones celebra cuatro recursos en su contra

Este martes 18, los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Leopoldo de Porres de la Sala Segunda del Tribunal Supremo mantuvieron una segunda reunión formal, con varios contactos desde la primera, el martes 11, pero hará falta al menos una tercera deliberación el próximo viernes, o lunes, para resolver

Cuatro son los recursos examinados contra las resoluciones del juez instructor de la causa contra el fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz; la fiscal-jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez y el teniente fiscal de la secretaría técnica de la FGE, Diego Villafañe.

Dos de ellos -uno de la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde y otro de la abogacía del Estado- impugnan el auto de entrada y registro por el cual juez Hurtado ordenó la entrada y registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho del FGE y de la fiscal-jefe de Madrid para clonar sus dispositivos (móviles, tableta y ordenadores) el 30 de octubre de 2024.

El ponente en estos dos recursos es quien ejerce, por antigüedad, como presidente de la Sala. Se trata del magistrado Julián Sánchez Melgar.
El tercero se refiere al recurso contra la decisión del juez de imponer el secreto de las actuaciones, impugnación que ha correspondido a Andrés Palomo como ponente.

Y, por último, el magistrado Eduardo de Porres es ponente en el recurso contra la alzada de los del juez sobre secreto y registro.

Fuentes judiciales apuntan a El Periódico que la Sala resolverá los cuatro recursos en conjunto. Ello ocurrirá, previsiblemente, en una próxima deliberación, la tercera después de las ya celebradas el martes 11 y este martes 18 de febrero. En principio podría tener lugar el próximo viernes o, a más tardar, el lunes 24.

Con todo, a diferencia de las deliberaciones que se suelen celebrar para dictar sentencia, como en este caso se trata de una resolución sobre la instrucción del procedimiento, no se conocerá el fallo hasta que los magistrados elaboren el auto correspondiente.

Sin duda, de los cuatro recursos el tema que mayor elaboración y contraste exige es el de la entrada y registro en las fiscalías general y de Madrid. Aunque las denuncias del fiscal general del Estado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), son muy posteriores a la presentación de los recursos de apelación, y por tanto no son objeto de los mismos, es lo cierto que reflejan una repercusión de la decisión del 30 de octubre, y se refieren a la amplitud y, por tanto, proporcionalidad, o falta de ella, de lo ordenado por Hurtado.

Julián Sánchez Melgar, el más antiguo de los tres magistrados, es también quien posee una doble experiencia.

Ha sido durante años magistrado suplente en la atención a las peticiones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una práctica en la que el debate gira, precisamente, en torno a la vulneración de derechos fundamentales (entrada en domicilios, intervenciones telefónicas).

Y, por otra parte, ha sido durante cinco meses fiscal general del Estado, entre el 11 de diciembre de 2017 y el 22 de junio de 2018. No es un dato de menor relevancia ya que la narración de hechos que ha venido realizando el juez instructor presenta a los miembros de la Fiscalía General del Estado como algo parecido a una banda. La banda de Fortuny 4.

La Sala, pues, tendrá que conjugar una estricta y sistemática jurisprudencia de la Sala Segunda en materia de restricción de derechos fundamentales con lo que algunas fuentes judiciales estiman la desviación de la misma por parte del juez instructor y la débil motivación para ordenar una intromisión en las comunicaciones del fiscal general y de la fiscal de Madrid cómo la que ha ordenado, autorizado y defendido con posterioridad.

Y ello teniendo en cuenta que fijó unos límites para esa intromisión -del 8 de marzo de 2024 al 30 de octubre de 2024- que luego acotó a las fechas del 8-14 de marzo, una vez que todas las informaciones fueron extraídas de los dispositivos.

La importancia de la interpretación que realicen los magistrados se puede establecer por el simple hecho de que es la primera intervención en las actuaciones del juez instructor.

La Sala que admitió la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y le dio la vuelta para investigar la filtración del correo del 2 de febrero de 2024 de Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, estuvo formada por Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela. Fue esa Sala la que designó instructor a Hurtado, “conforme al turno establecido”.

Si la deliberación final tiene lugar el lunes 24, caso de que no pueda finalmente realizarse el viernes, ello coincidirá con la prevista quinta convocatoria de Alberto González Amador -cuya sociedad Maxwell Cremona obtuvo un beneficio de 2,33 millones de euros de los cuales 1,97 millones correspondieron a intermediación para la venta de guantes y mascarillas- ante la juez María Inmaculada Iglesias, titular del juzgado 19 de instrucción de Madrid.

González Amador comparecerá como imputado/investigado a raíz de la denuncia de la Fiscalía de Madrid, que recogió la existencia de dos delitos fiscales y una de falsedad por la emisión de facturas falsas a través de una trama de empresas.

De acuerdo con el correo enviado por Carlos Neira, abogado de González Amador a al departamento de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid el 2 de febrero de 2024, su cliente reconocía haber cometido fraude a través de dos delitos. En otro documento se mostraba dispuesto a abonar 500.000 euros (el fraude se estimó en 350.951 para los ejercicios 2021 y 2022) a través de un pacto de conformidad para evitar los 8 meses de prisión (4 meses por cada uno de los delitos).

En su comparecencia, González Amador tendrá que declarar ante la magistrada Iglesias si acepta las condiciones del pacto de conformidad para evitar el juicio penal, según los intercambios realizados por su abogado Neira y el fiscal encargado de la denuncia, Julián Salto.