La inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico se perfilan como las mayores amenazas para América Latina en 2025, según informes recientes. Estas problemáticas no solo ponen en riesgo la seguridad ciudadana, sino que también representan un impacto económico significativo, estimado en el 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB) regional. La región, que alberga solo al 8% de la población mundial, concentra aproximadamente un tercio de los homicidios globales, reflejando la creciente influencia de las organizaciones criminales.
Casos específicos en países como Brasil y Colombia ilustran esta crisis. En Brasil, el asesinato del empresario Antonio Vinicius Gritzbach en el aeropuerto de São Paulo reveló la infiltración del grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC) en las fuerzas de seguridad. Por otro lado, en Colombia, los ataques del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo han provocado el desplazamiento de más de 32.000 personas, cuestionando los avances en las políticas de paz del gobierno, según informa El Tiempo.
La corrupción y la polarización política agravan la situación, debilitando las instituciones democráticas y dificultando la lucha contra el crimen organizado. Además, fenómenos como la crisis migratoria y las deportaciones masivas crean un entorno favorable para la expansión de estas redes criminales. Estos factores consolidan un panorama complejo y desafiante para los gobiernos de la región.
América Latina enfrenta un año decisivo para implementar políticas efectivas que frenen la inseguridad y refuercen la estabilidad institucional. La cooperación internacional, el fortalecimiento de las democracias y el enfoque en el desarrollo social serán clave para contrarrestar los efectos devastadores del crimen organizado y del narcotráfico en la región.