Gamarra exige el cese de García Ortiz por cambiar de móvil para tratar de «ocultar pruebas»

El fiscal general defiende públicamente su actuación, y asegura que el cambio de teléfono se debió a razones de seguridad

El Partido Popular (PP) ha intensificado su presión contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, exigiendo su cese inmediato tras revelarse que cambió de teléfono móvil pocos días después de que se iniciara una investigación que lo involucra. Según fuentes cercanas al caso, la decisión de sustituir su dispositivo ha generado suspicacias sobre un posible intento de ocultar pruebas en el marco de una causa sensible que podría afectar a altas instancias del poder judicial.

La polémica estalló cuando la Guardia Civil entregó un informe que pone en duda las razones del cambio del móvil. Este se realizó una semana después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite una denuncia en su contra. La investigación está relacionada con una presunta filtración de información confidencial en un caso que ha alcanzado una gran notoriedad mediática y política, vinculado indirectamente con altos cargos del Gobierno.

Desde el PP, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha liderado los reclamos, señalando que “es inaceptable que el fiscal general recurra a prácticas que generan sombra de duda sobre su integridad en un momento de máxima relevancia judicial”. Además, calificó el cambio de dispositivo como “un intento deliberado de obstaculizar la investigación”. Gamarra ha pedido a Pedro Sánchez que se pronuncie sobre el caso y tome medidas inmediatas.

El fiscal general, por su parte, ha defendido públicamente su actuación, asegurando que el cambio de teléfono se debió a razones de seguridad y no tiene relación alguna con las investigaciones en curso. En un comunicado, García Ortiz afirmó que está dispuesto a colaborar plenamente con las autoridades para despejar cualquier sospecha y proteger la credibilidad de la Fiscalía General del Estado.

La controversia ha reavivado el debate sobre la independencia del poder judicial en España, con líderes de la oposición y organizaciones civiles exigiendo mayor transparencia y rigor en el manejo de casos de alto perfil. Por su parte, desde el Gobierno se ha mantenido una postura de cautela, insistiendo en la necesidad de respetar el curso de las investigaciones antes de emitir juicios definitivos.