Hoy: 14 de diciembre de 2024
El PP y Junts, según ha publicado EP, han formado nuevamente una coalición en el Congreso para implementar una modificación legal que permitirá a los bares y restaurantes con una superficie inferior a 1.300 metros cuadrados eximirse de la obligación de donar los excedentes de alimentos, una iniciativa que ha sido aprobada en la Comisión de Agricultura a pesar de que el PSOE y Sumar, aliados del Gobierno, hayan votado en contra.
Después de que los partidos lograran un consenso el lunes para eliminar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, este miércoles por la noche reinstalaron sus firmas en una enmienda negociada al proyecto de ley esde prevención de las pérdidas y el despilfarro de alimentos. La propuesta se integró en la legislación con el apoyo adicional de Vox, ERC y Bildu, mientras que el PNV optó por abstenerse.
La modificación, a la que ha tenido acceso EP, establece la obligación para las actividades de distribución alimentaria realizadas en establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público que supere los 1.300 metros cuadrados en todos sus locales. En la práctica, se refiere principalmente a los grandes supermercados o a las grandes cadenas de restaurantes.
Quedan excluidas de dicha obligación las actividades de transformación, comercio al por menor, distribución de alimentos, hostelería o restauración que se realicen en locales con una superficie menor a 1.300 metros cuadrados. También se exime de la obligación a las microempresas y a las pequeñas explotaciones agrícolas.
Y no fue la única modificación que se añadió en la comisión en oposición al criterio del Gobierno. El PP también logró el respaldo de Vox y Junts para forzar por ley al Gobierno a establecer, en el menor tiempo posible, el sistema para la aplicación inmediata de un tipo del 0% a todas las transferencias de bienes, ya sean en especie o en dinero, realizadas en concepto de donaciones para la compra de alimentos o productos de primera necesidad a las organizaciones sin fines lucrativos.
Las entidades mencionadas pueden incluir fundaciones, asociaciones reconocidas como de interés público, organizaciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo, federaciones deportivas a nivel estatal o autonómico donde estén integrados el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico, o que no persigan fines de lucro.
La modificación señala que dicho régimen fiscal «se aplicará únicamente a los alimentos y artículos que se destinarán a donaciones, y quedan excluidos los productos».
Por otro lado, la comisión aprobó otra enmienda del PP para modificar la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular y eliminar la obligación de que los comercios minoristas de más de 400 metros cuadrados asignen el 20% de su área de venta a ofrecer productos presentados sin embalaje primario. Así, las tiendas deberán ofrecer esos productos, pero sin un porcentaje obligatorio de espacio.
A esto se añade otra modificación del Estatuto de los Trabajadores para que, en el contexto de las campañas agrícolas, se puedan formalizar contratos por circunstancias de la producción, con el objetivo de impedir que la escasez de trabajadores para recolectar la cosecha eleve el desperdicio.
Y el Grupo Popular logró obtener los apoyos necesarios para que los titulares de explotaciones agrícolas, ya sean autónomos o empresas, cooperativas agrarias y las comunidades de regantes que dependen de la estacionalidad, tengan derecho a un contrato de acceso a las redes de transporte y distribución de energía con dos potencias diferentes en un mismo año.
Esa capacidad se acordaría de acuerdo con la demanda de suministro para la actividad, simplemente mediante la comunicación a través de medios telemáticos y/o telefónicos a su proveedor. Para ello, las empresas suministradoras proporcionarán un número de atención telefónica de forma gratuita.
La modificación, según informa EP, establece que los precios del término de potencia no experimentarán ningún aumento en relación con las tarifas vigentes, siempre que dicha determinación sea coherente con la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema señalado en la ley del sector eléctrico.
Quien también logró introducir medidas en la ley, en este caso en desacuerdo con la postura del PSOE, fue ERC, que aportó los votos necesarios para añadir al texto una disposición adicional que regula el espigueo, una actividad que implica la búsqueda de alimentos que han quedado en el campo tras la cosecha principal.
La normativa requiere que el Gobierno, dentro de un año a partir de la promulgación de la ley, regule el espigueo como una actividad secundaria y sin fines de lucro para evitar el desperdicio de alimentos.