El error no forzado que se lleva por delante al fiscal general del Estado

En su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Pilar Rodríguez explica que no sabía que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviera pareja

Álvaro García Ortiz ya estaba prácticamente condenado antes de la aportación del acta notarial del exsecretario general del partido Socialista de Madrid Juan Lobato, pero ahora, además de la filtración del correo inculpatorio de la pareja de Ayuso a los medios, tendrá que explicar -si no se encuentra la respuesta en sus teléfonos- si filtró también a La Moncloa y a quién.

“Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo”

Confucio (QuFu, Shandong, China, 551 a. C.- 479 a. C)

El 7 de marzo de 2024, Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, recibe la llamada de un periodista.

-¿Existe algún procedimiento en la Fiscalía abierta contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso a través de una empresa llamada Maxwell Carmona (sic)?

En su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en junio pasado, Pilar Rodríguez explicó que no sabía que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviera pareja.

Pero, agregó, que, como es la encargada de visar todas las denuncias y querellas de los fiscales, el nombre de la empresa le sonaba.

En efecto, se trataba de Maxwell Cremona.

La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid ignoraba -lo mismo que sus subordinados- que el denunciado Alberto González Amador, titular de la empresa, era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La denuncia por delito fiscal la había visado Pilar Rodríguez dos días antes de la llamada, es decir, el 5 de marzo. Pero, claro, allí no venía la relación de González Amador con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Al advertir de que se había presentado una denuncia contra una personalidad relevante, tenía que aplicar el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)

“Los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer”), Pilar Rodríguez hizo el mismo día 7 lo que se llama una “dación de cuenta” se señala allí.

Normalmente de haber sabido que se le estaba investigando debía informar antes a sus superiores de que se trataba de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero en este caso dio cuenta al mismo tiempo tanto de las diligencias previas como de la denuncia ya presentada, dos días antes, el 5 de marzo de 2024.

Envió Pilar Rodríguez copias del expediente a Diego Villafañe, teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, y a la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Almudena Lastra.

Cabe señalar que en el expediente no se incluyen los correos intercambiados entre la Fiscalía y Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador.

Ya en las instrucciones de la Fiscalía General del Estado de 2005 se considerará que cuando se trata de una información relevante de interés político o social, y que, por su contenido, y precisamente para impedir su posible uso malintencionado, debe informarse públicamente y en su caso explicarse. La Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, lo hace a menudo.

Por tanto, la FGE, una vez recibida la dación de cuenta de Pilar Rodríguez, con la denuncia enviada a los juzgados de Plaza de Castilla, debió hacer un comunicado público sobre los hechos, según varias fuentes consultadas por El Periódico de Cataluña.

Pero dicho comunicado sobre las actuaciones no tuvo lugar.

En cambio, la noticia sobre la denuncia se filtró a un periódico, el diario.es, como información exclusiva, el 12 de marzo de 2024, siete días después de la presentación la denuncia.

Este tema de la primera filtración ha quedado sepultado bajo la querella de González Amador contra la filtración del correo enviado del 2 de febrero de 2024 por Carlos Neira, abogado de González Amador, a la Fiscalía de Madrid, en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales, y adelantaba su disposición a repararlos -en la negociación se acordó provisionalmente la cifra de 500.000 euros para evitar 4 meses de cárcel por cada uno de los dos delitos-, pero es Lo cierto que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo saca a flote.

“Que, de esta documentación remitida, existe una primera filtración a la prensa el día 12.3.2024, a las 06:01 h. en eldiario.es supuestamente realizada por la Fiscalía General del Estado”.

Esto es: la UCO ya tiene claro -del análisis de sus teléfonos de Pilar Rodríguez – que de la información enviada por ella el 7/8 de marzo a la Fiscalía General del Estado hay un camino directo hacia los medios, a través de la Fiscalía General del Estado.

Teóricamente solo dos fuentes -aparte de Pilar Rodríguez- tenían conocimiento de la denuncia: la Fiscalía General del Estado (Diego Villafañe, teniente fiscal de la secretaría técnica de la FGE) y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Almudena Lastra).

Pero aparte de la teoría muchas veces lo inesperado es lo que ocurre. Y habría que contemplar otra hipótesis: ¿tuvo el Ministerio de Hacienda, que llevó adelante la inspección de la empresa Maxwell Cremona acceso a la denuncia?

En las informaciones y noticias publicadas por los medios el 13 y 14 de marzo, se alude -tras difundirse el contenido del correo del 2 de febrero de 2024 del abogado de González Amador- como fuente al “Ministerio Público” y, también a un comunicado que la Fiscalía General del Estado batajaba la noche del 13 de marzo hacer público el 14 de marzo. Así de transparente.

Aquí te pillo, aquí te mato

La investigación, pues, de Alberto González Amador y su contrato de compraventa de mascarillas se desarrolló sin saber la inspección fiscal ni los fiscales de Madrid que se trataba de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Pero una vez que el 7 de marzo eso se supo, la dinámica correcta -la de hacer un comunicado por tratarse de la pareja de Díaz Ayuso- e informar que se había presentado una denuncia contra él en los juzgados- fue sustituida por una operación pseudoclandestina en la que se han dejado casi todas las huellas posibles.

¿Por qué?

Porque con coordinación o sin ella, tanto la Fiscalía como el Gobierno entendió que habían doblado las campanas contra Díaz Ayuso.

Máxim cuando el 13 de marzo, al término de la reunión de Gobierno de la Comunidad de Madrid la localidad madrileña de Leganés, la presidenta atacó furibundamente al Gobierno; máximo cuandk Díaz Ayuso atacó a la fiscal Pilar Rodríguez vinculándola al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

¡A ella que había ignorado que la pareja de la presidenta era el titular de Maxwell Cremona!

Los delitos fiscales de la pareja de Díaz Ayuso, por tanto, hacían avizorar, en la Fiscalía y en el gobierno, por fin, una estocada con consecuencias para la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Eso se ha visto con claridad en los mensajes intercambiados por Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete en aquellos días de marzo de Óscar López, director de gabinete de Sánchez.

Ella poseía el correo del 2 de febreroa hde 2024.

Y fue ella quien se lo envió a Juan Lobato, sobre las 8:29 hs del 14 de marzo de 2014.

¿Para qué?

Para coger en el Pleno de la Asamblea de Madrid de ese día in fraganti a Díaz Ayuso y acusarla de mentir al haber declarado que el gobierno había impulsado una inspección salvaje cuando era Hacienda la que debía 600.000 euros a su pareja defraudadora.

El correo, pues, salió de ella hacia Lobato, pero ¿cómo llegó a ella? ¿Consultó con su jefe, Óscar López, antes de hablar con Lobato?

Pilar Sánchez Acera tendrá ocasión de explicarse ante el juez en breve, cuando se la cite – su teléfono vale oro ahora tras dejar Lobato el suyo a la justicia- para prestar declaración.

Ningún juez hubiera soñado con tener todas las piezas del rompecabezas prácticamente colocadas.

Y ello teniendo en cuenta que todavía la UCO tiene pendiente emitir su informe sobre los teléfonos de Álvaro García Ortiz, previsiblemente la semana entrante.

El Gobierno creyó que era la hora señalada de Isabel Díaz Ayuso, a quien estaban a punto de coger, como quien dice, con el carrito del helado.

Si no cómo entender la declaración de la ministra de Hacienda y vicepresidenta María Jesús Montero el 12 de marzo de 2024, la tarde posterior a la publicación de la noticia sobre la denuncia.

Montero pidió explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al señalar que vive en un piso pagado “con fraude a la Hacienda Pública” y con “comisiones” en la venta de mascarillas en la peor situación de la pandemia ( 12 de marzo ).

Problema: ¿de dónde sacó Montero que era un contrato de venta de mascarillas?

Porque si bien la información de esa mañana hablaba de dos delitos fiscales no decía que se trataba de un contrato de venta de mascarillas.

Tampoco la noticia relacionaba los delitos fiscales con la compra del piso donde Díaz Ayuso vive con Alberto González Amador.

Por tanto, la hipótesis apuntada de que el Ministerio de Hacienda podía conocer la denuncia contra González Amador no es asunto baladí.

Por su parte, Lobato, ¿está a salvo? No es tan sencillo. Porque el tuvo participación en la operación y ni siquiera se trata de una ignorancia deliberada.

Porque fue el primero que recibió el correo que le envió Pilar Sánchez Acera y porque sabía que se publicaría en medios antes de que él tomara la palabra en el parlamento madrileño a las 11 de la mañana, durante la sesión de control.

Esa fue coartada que pactó con Sánchez Acera,

“Va a salir antes, para el control. No a las 11. A las 11 ya habrá salido todo el mundo con ella. Pero te aviso cuando salga” le escribe ella en un mensaje de las 8:48 hs.

Es ella quien se asegura, ante las dudas que le expresa Lobato sobre la procedencia del correo (teme que se diga que se lo ha dado la Fiscalía), de que se publique cuanto antes y le envía a Lobato el enlace del digital El Plural a las 9:29 hs (llevaba publicado desde las 9:06). “Ya está”, le escribe.

A las 11 horas, como le había anticipado Sánchez Acera, a El Plural se suma otro medio con el correo: El País. Pero la fotocopia que saca a relucir Lobato en la Asamblea de Madrid es la que le ha enviado Sánchez ACERA.

¿Cómo saberlo? Porque el correo que le ha enviado Sánchez Acera no tiene marca de agua que identifique al medio.

Y la publicada por El País sí tiene su marca de agua.

Por si cabe alguna duda sobre el envío a El Plural: el correo que publica no lleva marca de agua.

Cuando el 31 de octubre la Sala Segunda del Supremo abre diligencias contra el fiscal General del Estado por presunta revelación de secreto y envía a las 12:20 a la UCO a registrador los despachos del Fiscal General del Estado y de la jefa de la Fiscalía Provincial. En Madrid, Juan Lobato siente que también el está en peligro.

Enseguida acude a un notario para cubrirse. Y deja constancia de los mensajes intercambiados con Pilar Sánchez Acera, sin darse cuenta de que esos mensajes suponen confesar una complicidad con la operación por la cual se filtran a los medios (primero El Plural luego El País) para que él pueda tener las espaldas cubiertas .

“Vamos a ver, para que estés más respaldado”, le escribe Sánchez Acera a las 8:42 hs antes de ponerse manos a la obra de filtrar el correo.

Lo que las filtraciones del caso González Amador se van a llevar por delante, aparte del fiscal general del Estado, es todavía difícil de determinar.

La investigación ha tocado por abajo a Óscar López (es decir a su entonces jefa de gabinete), pero puede ir a más, por ejemplo, hacia el teléfono del actual ministro y aspirante a ser el secretario general del partido Socialista de Madrid.

Por eso, cada vez se considera más probable que la próxima secretaría general de Madrid sea Enma López, concejala del Ayuntamiento de Madrid. Incluso se asegura que ya ha recibido la oferta.

Pero volvemos al principio: cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo.

Moraleja: Los dos delitos fiscales y la falsedad documental (uso de empresas tapadera para emitir facturas falsas) de González Amador y su disposición a librarse de la cárcel (4 meses por cada delito) con el pago de 500.000 euros, pactada entre su abogado Carlos Neira y el fiscal Julián Salto, han quedado sepultados, de momento, como una nota a pie de página en esta historia.