El preso diabético huido por desatención médica estudia presentarse en alguna cárcel del País Vasco o Cataluña por miedo a represalias en Madrid

Se acerca el retorno voluntario a la prisión del interno Juan Antonio Flores y, a la vez, crece su temor por el trato que le dispensarán cuando se reincorpore: desdén, aislamiento, pérdida de permisos, desatención médica a sus dolencias… Juan Antonio es el preso diabético de 44 años y padre de cuatro hijos que se halla prófugo desde hace un mes y cuyo testimonio a Fuentes Informadas desde su refugio ha destapado el grave déficit sanitario que azota a muchas prisiones españolas.

Por ese motivo, Juan Antonio está estudiando si se reincorpora a la cárcel de Navalcarnero, de la que huyó durante su último permiso hace un mes (debido a otra patología médica que no le trataban en prisión) o bien presentarse en alguna del País Vasco o Cataluña. Lo está meditando.

Ya tiene un nuevo abogado, muy conocido, Javier Iglesias. Y cree que al tener estas otros gestores, quizás sean más comprensibles con el motivo sanitario que le ha llevado a huir temporalmente de su prisión.

Ambas comunidades gestionan sus propias cárceles y los responsables no tienen que dar cuentas ni al máximo responsable de las prisiones españolas, el ministro Fernando Grande-Marlaska, ni a su adlátere en el área de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, y menos aún a los carceleros españoles causantes -por actitudes que rozan la denegación de auxilio sanitario y la prevaricación- del actual laberinto en que se halla el interno Juan Antonio Flores.

Entre los carceleros que han hecho un calvario de su estancia en prisión, destacan el alcaide/director de Alcalá Meco, Pepe Comerón (en contra de lo que exige a los internos, en esta crónica no se le va a dar el tratamiento de don, dado que dicha distinción solo la tiene atribuida, exclusivamente, don Felipe VI, nadie más) y también resalta la subdirectora del Centro de Régimen Abierto de Madrid Victoria Kent, llamada Leonor.

La gestión del País Vasco y Cataluña de sus cárceles lógicamente no se hizo ante la previsión de que un día Juan Antonio buscase en ellas refugio, no. A el País Vasco Pedro Sánchez y Marlaska le transfirieron las competencias porque los independentistas exigieron su control para poder liberar cuanto antes a los presos etarras que estaban dispersados por las prisiones españolas.

Los votos que Sánchez compra

Y todo ello por los votos de Otegi y los del PNV para que Sánchez pueda mantener su sillón. Fue una juzgada doble. Marlaska y Ortiz se encargaron de trasladar los etarras convictos desde las cárceles españolas al País Vasco y una vez allí, los gestores, dependientes del Gobierno Vasco, les otorgan el tercer grado y a sus casas. Que es lo que está sucediendo desde hace varios años.

Una jugada similar a la perpetrada durante los disturbios del procés catalán. Oriol Junqueras y los otros encausados fueron llevados desde las prisiones de Soto del Real y Estremera a las cárceles catalanas, gobernadas por los propios secesionistas.

Allí estuvieron los secesionistas catalanes en una situación similar a la que tuvo el narco Pablo Escobar cuando pactó con el Gobierno, a cambio de no ser extraditado a EE UU, construirse él mismo una lujosa cárcel y cumplir allí su pena (se fugó en cuanto quiso).

Lo cierto es que la gestión de las cárceles de el País Vasco y Cataluña es ajena a Marlaska y a Ángel Luis Ortiz, el secretario general de Prisiones. Estos no han garantizado la salud de Juan Antonio Flores durante los más de seis años que lleva cumplidos de una pena de ocho por un delito económico.

Siempre fue un preso modelo, hasta que Prisiones, por una criminal desatención médica, le destrozó la vida. Entró en 2018 en la prisión de Soto del Real (Madrid) para cumplir los citados ocho años y de allí salió con una discapacidad, que le ha reconocido la Comunidad de Madrid, del 75%.

Pese a sus constantes lamentos, en la cárcel no le curaron un simple golpe en la pierna que derivó, por una flagrante desatención médica, en una septicemia severa que se extendió a lo largo de semanas sin freno desde el lugar del impacto hasta la cadera. Tras diez días en coma, le salvaron la vida los médicos del hospital Gregorio Marañón, pero hoy sufre diabetes de las más graves, tiene un fémur de titanio, un glaucoma y sorderas.

Esta negligencia le ha costado un dineral al Ministerio del Interior, que pagó para tapar la locura sanitaria que le tocó vivir en Soto al interno Flores. Todo el equipo sanitario de esta prisión fue despedido tras la negligencia sufrida por Flores. Y Marlaska tuvo que pagar mucho dinero, aunque no se sabe de dónde lo sacó.

Juan Antonio se salvó de milagro. Entró en Soto siendo un deportista totalmente sano y salió de allí con una alta discapacidad y todas las dolencias antes descritas. Y especialmente una de ellas, la diabetes, tipo 1, que le llevó por la calle de la amargura en los siguientes meses y en otras prisiones.

Estudios de Derecho en la cárcel

Desde entonces ha pasado por parte de las prisiones madrileñas. Con la diabetes a cuestas, estudió Derecho en la cárcel. Ante su ejemplar comportamiento y el paso de seis de los ocho años de condena, el juez de vigilancia le otorgó un régimen parecido al tercer grado, el del artículo 100.2 de la Ley Penitenciaria.

Este régimen permite salir a trabajar durante el día e ir al centro solo para dormir. Un día sufrió una grave hipoglucemia, cuando se disponía a ir al centro por la noche, tuvo que atenderle el SAMUR y sus facultativos le llevaron al hospital, donde estuvo dos días interno.

La responsable del SAMUR llamó al centro ese día, el Victoria Kent de Madrid, y contó lo sucedido. Se le puso al teléfono la subdirectora Leonor, cuya irascibilidad es conocida entre los internos. También llamó el abogado de Juan Antonio.

La subdirectora Leonor, en un alarde de arrogancia: “Me da igual quien seas o seáis…”

En un alarde de chulería, arrogancia e inhumanidad, les dijo: “Me da igual quien seas o seáis, pero o está aquí antes de las ocho o tengo contactos para trasladarle a la cárcel de Estremera”. Gritando.

Juan Antonio se reincorporó tras dos días hospitalizado y Leonor, que es abogada, cumplió su amenaza y le llevó a la cárcel de su amigo Comerón, la de Meco. Y al hacerlo le arrebató los beneficios del artículo 100.2 que le había otorgado el juez de vigilancia. Con el argumento de que había cometido un quebrantamiento de condena.

Es decir, lo trasladó a un centro cerrado y ya no podía ir a trabajar. Pese a ser abogada debió olvidar, o le dio igual, que en derecho existe la eximente llamada estado de necesidad, tal y como meses después le recordó por escrito el juez de la plaza de Castilla ante el que ella y el Victoria Kent denunciaron el quebrantamiento.

Y pese a ser abogada también debe ignorar que hay distintas sentencia del Tribunal Supremo (por ejemplo, la 620/2008, de 24 de septiembre) que establecen que no existe quebrantamiento de condena cuando, por una causa justificada, estar hospitalizado lo es, el interno no se presenta en el centro a la hora prevista y sí lo hace voluntariamente con posterioridad y justifica su incomparecencia.

Entiende el tribunal, a diferencia de lo que errática o malevolamente debió interpretar la jurista Leonor, que en ese caso no existió un ánimo del interno de incumplir la condena. Es decir, cuando por su cuenta Leonor decidió quitarle esos beneficios pudo cometer una arbitrariedad rayana en la prevaricación. Ella y todos los que mantuvieron esa situación.

Pepe Comerón sigue sin dimitir

Tras ser trasladado Juan Antonio a Meco, Pepe Comerón, obviando también la justificación médica de la incomparecencia en el Victoria Kent, le mantuvo en segundo grado y no le restituyó el 100.2 que le había quitado la subdirectora Leonor .

Y cuando Pepe Comerón vio este pasado mes de julio que Juan Antonio Flores llevaba más de tres meses en su centro y que no tenía más remedio que darle de nuevo el 100.2, debido a que un juez de plaza de Castilla acababa de comunicarle que había archivado el caso porque Juan Antonio no había cometido ningún quebrantamiento, en lugar de restituirle sus derechos, lo trasladó a la peor cárcel de Madrid. La de Navalcarnero.

Y nadie le ha dicho lo más mínimo a Comerón, muy odiado por internos y familiares. Lo llevó a un centro cerrado desatendiendo la decisión judicial exculpatoria.

Comerón sigue en su puesto de director, pese a que se le escapó hace meses uno de los presos más peligrosos de España, El Pastillas, y recientemente se suicidó además un enfermero que denunció malas prácticas médicas en Meco y dejó una carta póstuma indicando que Comerón, al que tildaba de “machista”, y otros sanitarios, le habían hecho la vida imposible.

Con diabetes y al módulo de los drogadictos

En Navalcarnero, Juan Antonio ingresó en el módulo de drogadictos, el menos higiénico para su diabetes. Así se las gastan la subdirectora Leonor y el alcaide Pepe Comerón, quien, al trasladarle, evitó también con ello que Juan Antonio se tomara dos permisos de cuatro y tres días que el interno tenía pendientes de disfrutar.

Al mes de estar en Navalcarnero se cogió los permisos. En el segundo decidió no volver. ¿Por qué? Porque Juan Antonio llevaba dos meses con una grave úlcera en un pie que no se le cerraba, debido a su diabetes, y supuraba profusa pus.

Y en Meco ni siquiera llegó a verle el médico. Y lo que es peor, ni siquiera le dieron antibióticos. Leonor y Pepe Comerón parecen haber olvidado que a este interno, que entró en Soto como deportista, el malhacer de Prisiones le ha destrozado la vida desde la perspectiva sanitaria. Hoy tiene un 75% de discapacidad, esta cojo, casi ciego y medio sordo.

Juan Antonio decidió no volver a Navalcarnero temporalmente para poder ir en la calle al médico y recibir las adecuadas curas a la úlcera que tiene en el pie. Y eso ha hecho durante este mes que lleva prófugo y con la policía pisándole los talones.

Pero ya está mejor su herida y su intención es volver en cuestión de días a la cárcel y cumplir los dos años que le quedan. Pero se teme lo peor en cuanto a represalias en las cárceles que depende de Marlaska y de Ortiz.

Por eso no descarta hacerlo en alguna prisión de El País Vasco o Cataluña. Entiende que también son prisiones españolas, aunque con distinto gestor, y que quizás estos no tengan prejuicios y no se tomen represalias contra él, ya que solo quiere acabar los dos años que le quedan y estar con su esposa y cuatro hijos. “No he matado a nadie, no es justo todo lo que me están haciendo”, zanja.