El juez Peinado se negó a entregar su móvil a los servicios secretos de La Moncloa por temor a que se lo clonasen

Cuando el presidente entró a la sala en la que se encontraba el magistrado no dijo ni buenos días, se sentó en su silla y, tras oír las indicaciones del juez, se negó a responder a ninguna pregunta

El juez instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, se negó a entregar a los servicios de seguridad de La Moncloa su teléfono móvil. A pesar de que se lo pidieron, a él y a todos los miembros de la comisión judicial que acudió al palacio presidencial el pasado día 30 para interrogar a Pedro Sánchez sobre los negocios de su esposa, Peinado no dijo nada, ni sí ni no, pero rehusó entregar su móvil.

El es juez de Instrucción de Madrid y sabe de los sofisticados sistemas que tienen la policía y los servicios secretos para clonar un teléfono en cuestión de minutos.

Ante la petición a todos los miembros de la comisión de que les facilitasen sus teléfonos, él no dijo nada, pero lo mantuvo en su poder. Tampoco accedió Peinado a firmar el protocolo de seguridad que se entregó a todos los asistentes al interrogatorio y en el que básicamente se les impone la obligación de confidencialidad.

Aparte del juez, la comisión estaba integrada por el letrado de la Administración de Justicia del juzgado, el número 41 de Madrid, los funcionarios que tramitan en nombre del juez las diligencias por tráfico de influencias y corrupción que pesan sobre Begoña Gómez, y el resto de las partes personadas en el proceso: el fiscal, el abogado defensor de Begoña, Antonio Camacho; y los abogados de la acusación y de la acción popular que ejercitan el sindicato Manos Limpias: la asociación Hazte Oír y el partido Vox.

Tampoco lo hizo la abogada de Vox

Al igual que el juez, también ignoró la petición y no entregó el móvil ni firmó el protocolo la abogada que representó a Vox en el acto de interrogatorio. Los miembros del servicio de seguridad se dieron cuenta y no les insistieron para que entregasen los teléfonos, según asistentes al acto.

Los móviles de los demás fueron depositados en una especie de maletín, identificados con números, que dispone de una protección que impide transmisiones entre estos y el exterior.

Pero el maletín y los móviles estuvieron en manos de los servicios de seguridad y alejados del despacho oficial en el que Pedro Sánchez se sometió al interrogatorio, hasta que éste acabó y toda la comitiva salió del palacio.

De todas formas, el interrogatorio a Sánchez duró apenas cinco minutos. El juez le preguntó si conocía a Begoña Gómez, Sánchez dijo que sí, que era su esposa, y paralelamente le informó de que tenía derecho a guardar silencio y a no declarar contra ella, pues está imputada en esta causa por tráfico de influencias y corrupción.

Sánchez no dijo ni buenos días

También le informó el juez de que podía guardar silencio si entendía que alguna de las preguntas relacionadas con los otros imputados en la causa, el empresario Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, podían incriminar a su mujer.

Esa mañana, cuando ya estaban sentados todos los miembros de la comisión en los sitios habilitados dentro del despacho presidencial, Sánchez entró a la dependencia hierático y sin decir ni buenos días, se sentó en su silla y, tras oír las indicaciones del juez, se negó a responder a ninguna pregunta.

Peinado le preguntó si él tenía alguna relación con los otros imputados, incluido Barrabés. Sánchez dijo que no, a pesar de que se reunió en La Moncloa en al menos dos ocasiones con el presidente, una vez estando delante su esposa, y otra a solas, según dijo en su primer interrogatorio. Además, existe un vídeo donde Sánchez, durante un acto oficial, dedica muchos minutos a hablar de las excelencias del grupo empresarial Barrabés, que es socio de Begoña en algunos negocios y la persona que le financió las actividades de la extraña cátedra sobre sostenibilidad que la Complutense le dio a la esposa de Sánchez en sus instalaciones sin ni siquiera ser licenciada en ninguna carrera. Sánchez, aún así, dijo que no tenía ninguna relación con ambos.

Subvenciones millonarias

El Gobierno ha dado al grupo empresarial de Barrabés subvenciones cercanas a los 23 millones de euros desde que este empezó a financiar la cátedra de Begoña Gómez. Subvenciones otorgadas por el Consejo de Ministros que preside Sánchez.

El presidente aún no ha facilitado explicaciones sobre estas subvenciones. Ni ante el Parlamento ni ante el juez, que acudió al palacio de La Moncloa con la finalidad de ver qué influencia tuvo como titular del Ejecutivo en las espectaculares ayudas gubernamentales al grupo empresarial del socio de su mujer. Por eso se investiga un presunto tráfico de influencias.

Sin decir, por tanto nada, pasados varios minutos se levantó y se fue de su despacho, aunque en esta ocasión sí saludó. Sánchez sabía que poco después la Abogacía del Estado iba a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una querella contra el juez por prevaricación. Y es que no quería declarar ante el juez y evitar el impacto público e internacional de la grabación ordenada por el juez sobre su interrogatorio. Quería declarar por escrito, basándose en que es presidente del Gobierno y la ley le concede esa prerrogativa. Pero el juez no accedió a la maquinación del dirigente socialista, dado que él no está de momento imputado en la causa ni esta se sigue contra él y, por tanto, al ser testigo, está obligado a acudir a la cita del juez como cualquier otro usuario de la justicia.

Preocupación por la grabación

La grabación del corto y casi estéril interrogatorio era lo que más preocupaba a Pedro Sánchez y a su séquito de seguridad. Los policías estuvieron en todo momento atentos a los técnicos informáticos de la Comunidad de Madrid que instalaron las cámaras y micrófonos en el despacho del presidente para su incorporación después al sumario, como ocurre con los demás testigos que desfilan por los juzgados.

La grabación esta en el juzgado 41 de Madrid. Sánchez sabe, y era lo que quería evitar cuando pidió declarar por escrito, que esa grabación saldrá a la luz en cuanto el juzgado, como es su obligación legal, la remita a las partes personadas en la causa.

Sobre el hecho de que los servicios de seguridad pidieran el móvil al juez, fuentes jurídicas creen que, no sólo se trató de una descortesía, sino también una injerencia en la labor del juez. Ya que, el último responsable de cuánto sucediera durante el interrogatorio en el despacho es el propio juez. Pues en ese momento ese lugar se convierte en sede judicial y la competencia sobre la llamada policía de estrados es responsabilidad del instructor.

Copiar el contenido del móvil

Aún así, el juez Peinado rehusó dejar su teléfono móvil a los miembros de Seguridad por dos motivos. Primero, porque era consciente de que en la actualidad los servicios de inteligencia e incluso la Policía disponen de instrumentos que en cuestión de minutos pueden extraer y copiar el contenido íntegro de un móvil.

Y segundo, porque en ese momento, durante ese acto, es él quien debe velar porque se cumpla la legalidad en todos los sentidos, y los agentes de La Moncloa no eran nadie como para pedirle su teléfono móvil. Y menos aún para que le hagan firmar un protocolo de confidencialidad.

Las citadas fuentes jurídicas señalan que, frente a la máquina de fango que tanto ha esgrimido Sánchez al calificar las diligencias que se siguen contra su esposa, el presidente ha perdido una oportunidad de oro para explicar si él ha influido o no en las subvenciones otorgadas por su Gobierno al socio de su mujer. “Lo de la máquina de fango es una auténtica chorrada exculpatoria, lo que tiene que hacer Sánchez es explicar su actuación en todo este asunto”, señalan fuentes jurídicas.

Lo sucedido con Rajoy

Fue Sánchez quien pidió la dimisión del expresidente Rajoy, una y otra vez, por el mero hecho de que Rajoy fue llamado a declarar como testigo a uno de los juicios del ‘caso Gürtel’. Y la sentencia sobre este asunto fue la que utilizó Sánchez para pactar con los filoterroristas de Bildu y los secesionistas catalanes para sacar a Rajoy de La Moncloa y ponerse él de presidente merced a una moción de censura.

Sánchez nunca ha ganado unas elecciones. Está de presidente porque ha accedido a todas las condiciones que le han impuesto unos y otros para mantenerse en el poder.