Juezas y Jueces para la Democracia denuncia al Poder Judicial por no fijar la carga laboral de la judicatura tras la condena del Supremo

La asociación reclama que se fijen las cargas de trabajo con «la máxima urgencia» en todos los juzgados y tribunales

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por no haber cumplido con la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo que le obligaba a establecer la carga de trabajo de la judicatura.

En la denuncia, según ha dado a conocer este miércoles la propia asociación de jueces en un comunicado, incide en que la sentencia se dictó el pasado 22 de septiembre y el CGPJ, más de siete meses después, «no ha cumplido con esa obligación, que permitiría determinar cuál es la carga de trabajo razonable para evitar los riesgos psicosociales que supone el exceso de asignación de asuntos».

JJpD reclama también en su denuncia que se fijen las cargas de trabajo con «la máxima urgencia» en todos los juzgados y tribunales, independientemente de cuál sea la entrada de asuntos, relacionándola con las personas que desarrollan su función jurisdiccional (titulares o sustitutas) y sus condiciones personales, conciliación familiar, edad, dificultades digitales, formación recibida y experiencia en el puesto adaptadas a cada destino.

«Prestar mejor servicio a la sociedad y atender a la ciudadanía exige que se determine con claridad cuál es la carga de trabajo para que la judicatura realice pueda realizar su trabajo con la dedicación y tiempo que cada asunto requiere, evitando la masificación que sólo trae consecuencias negativas para quienes litigan y para la magistratura que realiza un sobreesfuerzo que puede afectar a su salud», reivindica en el comunicado, recogido por Europa Press.

Jueces trabajando al 150 o 200% de sus posibilidades

JJpD recuerda que el órgano de gobierno de los jueces fue condenado por el Supremo en esa sentencia a regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral y subraya que la situación es «particularmente relevante en los juzgados de primera instancia, aunque también significativa en algunos órganos colegiados».

La asociación señala que se han propuesto medidas por el servicio externo de prevención pero no se han puesto en funcionamiento y menciona que, tras la sentencia, hubo dos reuniones –el 6 de noviembre y el 21 de febrero– de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en la que se integran representantes de las asociaciones judiciales, del CGPJ y del Servicio de Prevención, en las que se reclamó «infructuosamente» el cumplimiento de la fijación de cargas de trabajo conforme a la condena de la sentencia del Supremo.

Asimismo, JJpD indica que ha realizado un requerimiento al CGPJ para que se cumpla la sentencia y «no se ha atendido». En este sentido, expone que la «agenda saludable» que ha propuesto el órgano no se ha elaborado y no se ha dado participación a las asociaciones judiciales.

Según la asociación, el CGPJ tiene «datos suficientes» en su servicio de inspección para ver que hay órganos jurisdiccionales que «están trabajando al 150 o 200% de sus posibilidades, exigiendo a la judicatura un sobreesfuerzo que perjudica la salud profesional de quienes la integran y a la ciudadanía y profesiones jurídicas».