¿Para cuando la intervención integral del gobierno contra la xenofobia?

Transitamos por tiempos de grandes mutaciones, crisis y flujos migratorios que afectan de manera general a todo el planeta, y España, debido a su ubicación geopolítica, no está exenta de un crecimiento de la xenofobia derivado, ente otros factores, de la crisis económica, y del avance del discurso de odio antiinmigración a través del uso de unas comunicaciones, sin supeditación ético-jurídica, que revientan equilibrios y armonía de la convivencia. Todo ello tiene como consecuencia que el principal delito de odio, según todos los informes, sea el de racismo y xenofobia, como reflejan las denuncias en España de 2019, con 515 incidentes de odio xenófobo, y en 2021, con 678 denuncias, un 30,2 y 37,5 por cien del total de incidentes de odio denunciados, respectivamente. Y conforme a la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, nos informa que solo se denuncia un 20% de los mismos, cifra que se reduce notablemente cuando son personas “sin papeles”. En paralelo, vivimos un peligroso crecimiento del discurso de odio antiinmigración, especialmente en redes sociales, a raíz de la crisis económica y de otros conflictos.

El rechazo latente a compartir igualdad de trato en materia de empleo, sanidad, educación, vivienda o de atención asistencial se constata y evidencia en situaciones discriminatorias de la vida cotidiana. A ello se añade la agitación y hostigamiento hacia los inmigrantes que impulsan grupos xenófobos en internet y redes sociales o en las calles, con consignas tipo “stop la invasión”, “nos quitan el trabajo” u otros del tenor de que “tienen más facilidades de acceso a las ayudas sociales”, o acusar a los inmigrantes de “actividad delincuencial”, incluso pedir que se normalice su expulsión por conflictos culturales o de otro tipo radicados en situaciones reales que se deben de resolver políticamente por sus responsables institucionales, pero que resulta muy injusto imputar de forma general, sobre todo en sucesos como los asaltos de frontera o episodios de violencia de grupos delincuenciales.

Los discursos de odio y de intolerancia xenófoba estigmatizan, promueven la confrontación y alientan el miedo hacia los inmigrantes que viven con nosotros, y que juntos trabajamos o utilizamos los mismos servicios públicos. La xenofobia dificulta que España avance en una inclusión fundamentada en la integración intercultural, senda en la que se situó nuestro país en los años 90 y que afirma la tridimensionalidad de la política migratoria europea, basada en:

1). Cooperar en el desarrollo humano en los países de origen, apoyando que nadie se vea forzado a migrar;

2). Control de flujos migratorios y fronteras, en una política de inmigración segura, ordenada y regular;

3). Integración que conlleva intervenir para erradicar la xenofobia, pues “nadie se integra, si no le dejan”.

No se trata, de que existan medidas puntuales en tal o cual sector social e institucional, como hay ahora de forma deshilvanada. Instituciones centrales, autonómicas, locales, entidades diversas y ONG deberían tener un marco de apoyo integral. Resulta una necesidad objetiva la actualización de la antigua Estrategia Integral contra el racismo, la xenofobia e intolerancia (2011) y del Plan de Ciudadanía e Integración de la Inmigración (2007), además de cumplir el Gobierno sus compromisos de actualización y responder a los requerimientos derivados del Pacto mundial por una migración segura, ordenada y regular (2018) y los requerimientos de la Unión Europea tras la aprobación del Plan de Acción contra el Racismo (2020-25). Un Plan y una Estrategia Marco que posibilite la armonización de un conjunto de medidas políticas y normativas necesarias para la España inclusiva, democrática, plural y europea del 2023 en adelante hasta que la realidad haga necesaria su nueva adecuación.

Ni Xenofobia, ni supresión de fronteras

Este Pacto Mundial sobre Migración que hay que tomar como referencia es jurídicamente no vinculante. Se basa en los valores de la soberanía del estado, la responsabilidad compartida, la no discriminación y los derechos humanos y reconoce que requiere de un enfoque cooperativo para optimizar los beneficios generales de la migración, al tiempo que aborda los riesgos y desafíos para las personas y las comunidades en los países de origen, tránsito y destino. La inmensa mayoría de los países miembros de la ONU lo adoptaron en Marrakech, el 10 y 11 de diciembre de 2018, buscando una migración más segura y digna para todos, el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados, La ONU explicó que el Pacto Mundial sobre Migración: “representa una oportunidad histórica para mejorar la cooperación internacional en materia de migración y para fortalecer las contribuciones de los migrantes y la migración al desarrollo sostenible. Hoy en día, hay más de 258 millones de migrantes en todo el mundo que viven fuera de su país de nacimiento. Se espera que esta cifra crezca como resultado de una serie de factores que incluyen el crecimiento de la población en general, el aumento de la conectividad, el comercio, el aumento de la desigualdad, los desequilibrios demográficos y el cambio climático. La migración presenta enormes oportunidades y beneficios para los migrantes, las comunidades de acogida y las comunidades de origen. Sin embargo, cuando está mal regulada puede crear desafíos significativos. Estos desafíos incluyen, abrumadoras infraestructuras sociales ante la llegada inesperada de un gran número de personas y la muerte de migrantes que realizan viajes peligrosos”.

Los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional. Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional. No hay poder superior al Estado democrático que quiebre ese derecho soberano. Y también tienen el deber de combatir eficazmente la xenofobia e impedir su crecimiento y desarrollo.

Resulta oportuno, frente a los que hablan de “supresión” o de “minar” las fronteras de un país, discurso que promueve la entrada irregular, daña a los propios inmigrantes, destroza la convivencia colectiva y alimenta indirectamente la xenofobia, recordar la palabras del ensayista Enzesberger, referente democrático alemán, en su texto “La gran migración” afirmaba que: “quien invita a sus compatriotas a ofrecer cobijo a todos los agobiados y abrumados del mundo, posiblemente apelando a los crímenes colectivos cometidos desde la conquista de América hasta el Holocausto, y todo ello sin el menor cálculo de las consecuencias, sin mediación política y económica, sin tener en cuenta las posibilidades de realización de tal proyecto, pierde toda credibilidad y capacidad operativa. Los grandes conflictos sociales no pueden ser eliminados por medio de la prédica”.

Hay que tener en cuenta que junto a los casi 6 millones de personas de origen inmigrante, España necesitaría un incremento de varios millones personas hasta el año 2050 para disponer de 28 millones de trabajadores cotizantes. Actualmente, 1 de cada 10 cotizantes a la Seguridad Social es extranjero. El incremento de las cotizaciones de los inmigrantes fue lo que permitió el aumento de las aportaciones al Fondo de Reserva, que hizo posible que los pensionistas no sufriesen recortes en sus pensiones durante la crisis del 2008. Sin menoscabo del fomento de la natalidad, junto a una política activa de inmigración segura, ordenada y regular.

La Estrategia Marco por la Ciudadanía e Inclusión, contra la Xenofobia y el Racismo, en la que hemos trabajado recientemente numerosas ONG e instituciones, junto al OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y Xenofobia/Secretaría de Estado de Migraciones), que ha liderado su impulso, no puede retrasarse más; se debe recordar que es una reivindicación pendiente de las asociaciones que luchamos contra la xenofobia y la intolerancia y trabajamos en defensa de los derechos de los inmigrantes, que ha de partir reconociendo los problemas existentes y ser congruente con las recomendaciones internacionales y europeas, recogiendo las principales medidas de sensibilización preventiva, reformas y actuaciones en defensa de las víctimas del delito de odio xenófobo y racista.

Y de manera singular debe de incorporar los elementos esenciales para combatir la xenofobia en el área educativa, laboral, infancia, juventud, mujer y social, en las instituciones, en la seguridad ciudadana y protección de libertades y derechos, reforzar la lucha contra el discurso y los delitos de odio y promover la participación democrática y la convivencia intercultural. Y de forma significativa, la solidaridad con las víctimas y sus ONG de apoyo, siempre desde los principios y valores constitucionales y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. El retraso en esta tarea conlleva el incremento de vulnerabilidad, no solo de los inmigrantes, también de la sociedad de acogida y pone en riesgo y peligro la convivencia en armonía democrática.