La ONU adopta su primera resolución para regular la inteligencia artificial

El texto reconoce que la tecnología puede ser utilizada de manera «incorrecta o maliciosa» y podría obstaculizar el avance hacia los objetivos establecidos en la Agenda 2030

La Asamblea General de la ONU ha aprobado hoy su primera resolución sobre la Inteligencia Artificial (IA) mediante el consenso de todos los Estados miembros, con el fin de fomentar su desarrollo de manera «segura», «responsable» y «equitativa», con el objetivo de evitar desigualdades entre naciones y su posible utilización «maliciosa».

El documento reconoce la importancia de contar con sistemas de inteligencia artificial seguros, protegidos y confiables, centrados en las personas, que sean explicables, éticos e inclusivos, respeten plenamente la promoción y protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, garanticen la privacidad, estén alineados con el desarrollo sostenible y sean responsables. Se destaca su potencial para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones (económica, social y ambiental) de manera equilibrada e integrada.

Además, la Asamblea General considera que el adecuado desarrollo de esta tecnología promueve la transformación digital, contribuye a la paz, reduce la brecha digital tanto a nivel nacional como internacional, y promueve la protección y el disfrute de los Derechos Humanos.

Sin embargo, el texto reconoce también que la Inteligencia Artificial puede ser utilizada de manera «incorrecta o maliciosa», lo que podría socavar el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones y obstaculizar el avance hacia los objetivos establecidos en la Agenda 2030.

Por ello, la resolución alienta tanto a los países como a organizaciones públicas y privadas, medios de comunicación, sociedad civil y otras entidades a promover un entorno propicio en todos los niveles para la innovación, el emprendimiento y la difusión de conocimientos y tecnologías en condiciones acordadas mutuamente.

Además, insta a los Estados miembros de la Asamblea General a cooperar con los países en desarrollo para evitar que queden rezagados en esta área, asegurando un acceso inclusivo y equitativo a los beneficios de esta tecnología. Se hace un llamamiento al sector privado para que se adhiera a las leyes internacionales y actúe según los principios de la ONU.

La Asamblea General también reconoce la importancia de las bases de datos para el desarrollo de estos sistemas, subrayando la necesidad de una gobernanza justa, inclusiva, responsable y eficaz de los datos, así como la mejora de su generación, accesibilidad e infraestructura.

Dado que la Inteligencia Artificial es una tecnología en constante evolución, los Estados miembros han acordado continuar debatiendo sobre las novedades que surjan en el ámbito de la gobernanza, asegurando que los enfoques internacionales estén alineados con la evolución de estos sistemas.

Estados Unidos celebra la adopción del texto

Desde Washington, altos funcionarios del Gobierno han expresado su satisfacción por la adopción de esta resolución, presentada por Estados Unidos y copatrocinada por 120 países, considerándola un «paso histórico» en el impulso de sistemas de Inteligencia Artificial seguros y fiables.

«Estados Unidos acoge con satisfacción la adopción por la Asamblea General de la ONU de una resolución que establece principios para el despliegue y el uso de la IA. El presidente (Joe) Biden y yo estamos comprometidos con el establecimiento y fortalecimiento de reglas y normas internacionales sobre tecnología emergente», ha manifestado la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, en un comunicado de la Casa Blanca.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha asegurado que se trata de «un paso histórico para fomentar sistemas de IA seguros y fiables» que servirá para exponer una visión global sobre la respuesta de los países a las «oportunidades y retos» de esta tecnología.

También ha destacado que el texto ha sido elaborado en consulta con expertos de la sociedad civil y del sector privado y teniendo en cuenta las prioridades y preocupaciones de los países en vías de desarrollo.