El Congreso discutirá una ley que prohíbe a las comunidades nombrar jueces de tribunales superiores

El texto llegó la pasada legislatura a la Carrera de San Jerónimo pero no se debatió

El Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo martes una proposición de ley aprobada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, promovida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, para que los Parlamentos autonómicos dejen de proponer el nombramiento de jueces para los tribunales superiores de justicia de su comunidad.

Se trata de una iniciativa legislativa que impulsó el anterior Ejecutivo regional del PP, con Enrique López en la Consejería de Justicia, y que la Asamblea de Madrid aprobó en febrero de 2023 para su remisión al Congreso, ya que implica modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El texto llegó la pasada legislatura a la Carrera de San Jerónimo pero no pudo llegar a debatirse por la disolución de las Cortes. Será el próximo martes cuando el Pleno del Congreso decida si la toma o no en consideración, según consta en el borrador de orden del día.

Coincide con la negociación para renovar el CGPJ

El debate coincide con la negociación que el Gobierno y el PP mantienen abierta, con la mediación de la Comisión Europea, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para estudiar la posibilidad del reformar el sistema de elección de sus doce vocales de la judicatura con el fin de excluir al Congreso y al Senado en línea con la «despolitización de la justicia» que reclaman los ‘populares’.

La reforma madrileña, que sólo tiene dos artículos, no entra en el sistema de elección del CGPJ y sólo se centra en el procedimiento para nombrar magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

La propuesta de la ley es que esas plazas se cubran con «magistrados nombrados a propuesta del CGPJ, en favor de quienes llevando diez años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y acreditando especiales conocimientos en derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma, tengan mejor puesto en el escalafón».

Y suprime del artículo 330 de la LOPJ la coletilla que rige actualmente de que esos nombramientos se harán «a propuesta en terna de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma».

Mejorar el ordenamiento constitucional

Según defendió en su día el entonces consejero Enrique López, el objetivo de la ley «no solo es cambiar el paradigma de la elección de los jueces en España, sino mejorar el ordenamiento constitucional, basado esencialmente en la separación y el equilibrio de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial».

«No se trata de que los jueces sean independientes, que por supuesto lo son, sino de profundizar en la apariencia de independencia que alcanzaremos separando lo que nunca debió estar junto», subrayó.

Con la aprobación de este proyecto de ley, el Gobierno de Díaz Ayuso asegura estar «en los postulados de la Unión Europea sobre las garantías que el Estado de Derecho debe articular en referencia a las normas dictadas por un legislador nacional con los procedimientos en el nombramiento de jueces, para que estos sean acordes con los estándares de independencia exigidos en el ordenamiento jurídico comunitario».