Hoy: 8 de septiembre de 2024
El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCOF) ha ofrecido precisiones cruciales sobre la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Doctipharma, destacando que no respalda la venta de medicamentos con receta mediante plataformas en línea y reiterando la prohibición tajante de esta práctica en España.
La sentencia, emitida en respuesta a una pregunta prejudicial del Tribunal de Apelación de París, se centró en el caso de Doctipharma, una sociedad que administra un sitio web para la compra de productos farmacéuticos y medicamentos sin receta a través de sitios web de farmacias.
El CGCOF subrayó que este fallo se limita a la interpretación de la normativa europea sobre la venta a distancia de medicamentos sin receta, sin abordar la disposición que permite a los Estados Miembros prohibir la venta en línea de medicamentos con receta por motivos de salud pública, como lo establece la legislación española.
Según fuentes de los farmacéuticos, la sentencia se centra en las características específicas de Doctipharma, distinguiéndola de otras plataformas que han intentado operar en España en el ámbito de los medicamentos con receta y cuyas actividades han sido prohibidas por las autoridades sanitarias.
El CGCOF enfatizó que Doctipharma no participaba en la venta, dispensación o entrega de medicamentos, a diferencia de otras aplicaciones de encargo y entrega a domicilio que han enfrentado medidas regulatorias en España.
La sentencia del TJUE consideró la actividad de Doctipharma como un servicio de la sociedad de la información que no implicaba la venta directa del medicamento, sino que redirigía los pedidos a las farmacias autorizadas correspondientes. Sin embargo, no evaluó su sujeción a la normativa nacional de venta a distancia de medicamentos.
Tras esta decisión, el juzgado de París ha solicitado al TJUE una aclaración sobre si la actividad de Doctipharma está amparada por la legislación comunitaria para la sociedad de la información, y si las autoridades nacionales pueden prohibir su intermediación como plataforma entre farmacias y clientes.