La jurisdicción militar de Sevilla llevará el caso de los dos soldados ahogados

La familia de los fallecidos pide prisión preventiva para los presuntos responsables

La Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado que el caso de las muertes del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y del soldado Carlos León Rico, ocurridas el 21 de diciembre en la base de Cerro Muriano, continuará bajo la jurisdicción militar. Este fallo confirma la desestimación de los recursos presentados por las familias de los fallecidos, quienes buscaban que el caso fuera llevado por la jurisdicción ordinaria.

Según informaron fuentes de la acusación, la Audiencia Provincial respaldó la decisión de remitir el caso al Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla, tras la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba.

Actualmente, el capitán de la compañía a la que pertenecían los militares fallecidos, un teniente y un sargento, se encuentran bajo investigación en dicha jurisdicción, enfrentando peticiones de prisión preventiva.

Los representantes legales de las familias de los fallecidos han solicitado prisión provisional para los investigados, argumentando la gravedad de los hechos y la necesidad de preservar pruebas relevantes para la investigación. Se han invocado los artículos 215 y 216 de la Ley Orgánica Procesal Militar como base legal para esta petición.

Por otro lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha instado a permitir que el proceso judicial siga su curso, destacando la importancia de que los jueces cuenten con todos los elementos necesarios para dictaminar sobre el caso. En este sentido, reiteró el compromiso de colaboración absoluta con la justicia por parte de la Brigada Guzmán el Bueno X.

Luis Romero, abogado penalista y representante de los padres de uno de soldado fallecido, ha enfatizado la presunta falta de medidas de seguridad que habrían contribuido a las muertes de los agentes, basándose en testimonios y pruebas recopiladas por la Policía Judicial de la Guardia Civil. Se busca que se haga justicia y se evite que situaciones similares se repitan en el futuro, con la colaboración de militares de alta graduación en la acusación particular.