Un guardia civil se enfrenta a cuatro años de cárcel por intentar ocultar el caso de violencia de género de un compañero

El acusado tuvo constancia de que su amigo había agredido físicamente a su expareja, además de hacerle pintadas en el coche

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes y miércoles, 20 y 21 de febrero, a M.J.I.C., un agente de la Guardia Civil destinado en la localidad de Bolaños de Calatrava, al que acusan de un delito de omisión del deber de perseguir delitos y otro de falsedad documental tras intentar tapar un presunto caso de violencia de género cometido por un compañero un compañero suyo de la Guardia Civil.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado tuvo constancia, en septiembre de 2018, de que un compañero de trabajo había agredido físicamente a su expareja, además de hacerle pintadas en el coche.

Fue la propia víctima la que narró estos hechos al acusado a través de WhatsApp, sin que éste, “obligado por razón de su puesto y ante el conocimiento de la eventual perpetración de un delito de violencia de género, procediera a recoger la denuncia”, tal y como consta en el escrito del fiscal.

En este también figura que el guardia civil acusado le envió diferentes mensajes a través de WhatsApp a la expareja de su compañero asegurándole que estaba intentando ayudar a ambos y disminuir la gravedad de lo que había ocurrido.

Pese a ello, la mujer acabó denunciando a su expareja, cuyo seguimiento de la denuncia recayó en el acusado, sin que este solicitara ser apartado del caso por la relación de amistad que existía entre la pareja.

Manipuló las respuestas de la víctima

Finalmente, en enero de 2019, el acusado, tras efectuar una nueva valoración de riesgo de la víctima ante el presunto caso de violencia de género, “alteró deliberadamente” las respuestas dadas por la mujer al cuestionario de evaluación, pasando de un resultado de “riesgo medio” a “no apreciado”.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para el acusado una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación para el ejercicio del cargo durante tres años por un delito de omisión del deber de perseguir delitos y por otro de falsedad documental.