La esposa y el hijo del expresidente de la Junta de Andalucía aseguran que el acusado no ha obtenido “jamás” remuneración distinta a su sueldo
Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero han anunciado este jueves que suscribirán la petición de indulto parcial para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán en relación al caso ERE.
El pasado 26 de julio, el Tribunal Supremo publicó un adelante de la sentencia que condenará el próximo mes de septiembre tanto a Griñán como al expresidente andaluz, Manuel Chaves. Al primero se le imputan los delitos de malversación y prevaricación y se enfrenta a una pena de seis años de prisión y , en el caso del segundo, se estudiará solo el delito de prevaricación y podría ser condenado a nueve años de inhabilitación.
En un comunicado al que ha accedido El Confidencial, la familia del expresidente de la Junta de Andalucía se refiere a él como un hombre de “intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la democracia” y asegura que nunca percibió “remuneración distinta de su sueldo de funcionario”.
Para el hijo y la mujer de Griñán, el posible ingreso en prisión del acusado es “una desafortunada ironía”, pues, a su juicio, la principal virtud del expresidente reside en su “honestidad profesional y económica”.
“Su patrimonio es limpio y ajustado al propio del servidor público”, apunta el escrito. “De hecho, acredita por sí mismo la limpia ejecutoria de un servidor público ejemplar”. Asimismo, los allegados del encausado han apelado al componente emocional, alegando que el exalto cargo socialista ha sido víctima de “un permanente deterioro psicológico y moral” al tener los focos mediáticos y judiciales oscilando sobre su cabeza.
La familia también hace referencia al ajustado margen que ha determinado el veredicto del Alto Tribunal, de 3 fotos a favor y 2 en contra. “Es la primera vez que un caso de esta envergadura se resuelve por tan exiguo margen y se ha extendido en un período de tiempo tan prolongado”, apostillan.
El caso ERE constituye el mayor entramado de corrupción urdido en nuestro país en las últimas décadas en la que 19 exaltos cargos de la Junta de Andalucía participaron para idear un «sistema fraudulento» que permitió repartir hasta 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009 para ayudar a empresas en crisis.
Los pagos se hacían vía transferencias de financiación. De esta forma, se eludía el sistema del expediente de subvención, sometido habitualmente a controles de intervención y amparado bajo los principios de publicidad y concurrencia.