Desde el 1 de junio, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 32 personas y mantienen a otras 93 como investigadas por su relación con incendios forestales en España. Actualmente hay 188 investigaciones abiertas, según datos del Ministerio del Interior.
La cifra supone un detenido y un investigado más respecto al balance del lunes. Ese día Interior informó de 9 arrestos y 7 imputados por parte de la Policía Nacional, y de 22 detenidos y 85 investigados por parte de la Guardia Civil. “Prender fuego no queda impune. Los actos tienen consecuencias”, subrayó el Ministerio en redes sociales.
El último arresto conocido es el de un menor de 17 años en Santiago de Compostela. Se le atribuyen siete incendios forestales ocurridos en la misma zona en apenas diez días. La Fiscalía de Menores de A Coruña ha decretado su ingreso en un Centro de Internamiento, según recoge Europa Press.
También se ha comunicado la detención, el 9 de agosto, de un hombre de 48 años en Colmenar Viejo (Madrid). Está acusado de provocar de forma intencionada un fuego forestal el pasado 21 de julio. Fue puesto a disposición judicial, según la Comandancia de Madrid.
En Galicia, uno de los territorios con mayor incidencia, se han registrado al menos tres detenidos y 22 investigados. Entre ellos, un pirómano acusado del incendio de Oímbra, que ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza.
En Zamora, la Guardia Civil arrestó a un hombre como presunto autor de un incendio por imprudencia en Puercas de Aliste. El fuego, clasificado con Índice de Gravedad Potencial 2, arrasó más de 4.000 hectáreas. Según la investigación, se originó por un depósito irregular de residuos y vidrios que actuaron como efecto lupa bajo condiciones meteorológicas extremas.
En Ávila fue detenido un empleado del operativo de extinción. Se le relaciona con el incendio de Cuevas del Valle, que calcinó más de 2.000 hectáreas. Su motivación podría estar vinculada a intereses laborales.
El Código Penal prevé castigos de 10 a 20 años de prisión y multa de 12 a 24 meses cuando un incendio ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas.
Si no concurre ese riesgo, la pena es de 1 a 5 años de cárcel y multa de 12 a 18 meses. Puede elevarse a 3 a 6 años de prisión y multa de hasta 24 meses cuando el fuego se considere de especial gravedad: grandes superficies afectadas, daños severos a la fauna o la flora, impacto en espacios protegidos, destrucción de recursos o motivación lucrativa.