La idea del partido presidido por Abascal es acabar con el efecto llamada y enviar un mensaje claro a los sin papeles
Vox presentará la próxima semana al Pleno del Congreso su plan para expulsar de inmediato a los inmigrantes que entren de manera irregular a España, de eliminar las subvenciones a organizaciones no gubernamentales que les atiende y de suspender la cooperación y las ayudas a países africanos de donde proceden.
Se trata de una proposición de ley de 19 puntos que Vox ha querido incluir en el orden del día del Pleno del próximo martes para su debate y votación en el hemiciclo.
Su idea es “acabar con las políticas de efecto llamada” e “impulsar que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública”.
De entrada, Vox insta al Gobierno a “proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país” y a “eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a promover el endurecimiento de las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores”.
Fraude de ley del asilo
A su juicio, “actualmente se utilizan de manera fraudulenta las figuras jurídicas de arraigo y asilo“, pues se están aplicando a migrantes que llegan a España por motivos económicos. “El fraude de ley, en claro perjuicio de las personas que solicitan asilo, se produce cuando un inmigrante ilegal, que está a punto de ser expulsado, solicita asilo con el propósito de aprovecharse de la ley de asilo y de la protección subsidiaria, que impide su expulsión mientras se evalúa su solicitud”, se quejan.
Así, apuesta por “llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo”, y cambios legales para sancionar los empadronamientos ilegales.
Del mismo modo, exigen “aprobar, de forma urgente” una revisión de la lista europea de países seguros para incluir a aquellos que, como Marruecos, Argelia o Senegal, son origen o tránsito hacia España de las operaciones de las mafias de tráfico ilegal de personas.
Igualmente, piden suspender la cooperación al desarrollo con Senegal o cualquier otro país que no colabore en la lucha contra la inmigración ilegal, y también la cooperación con los países que mantienen paralizadas las negociaciones con la UE para firmar Acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales, tales como Argelia o Marruecos.
Y, de paso, Vox añade un punto pidiendo “suspender de forma inmediata cualquier pago destinado a Palestina o a cualquier ONG que opere en dicho territorio, con el fin de realizar una auditoría urgente de dichos pagos que determine si estos se han destinado, o no, a ayuda humanitaria; garantizando que ni un solo euro de los españoles se destina a organizaciones terroristas como Hamás”.
Internamiento mientras se espera la resolución
Los de Santiago Abascal llaman también a enviar a centros de internamiento a quienes, al llegar a España, solicitan cualquier tipo de protección internacional a fin de verificar la existencia de causas de exclusión o denegación de la protección, y a prorrogar el internamiento para todos los extranjeros que tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión y retorno.
Se reclaman asimismo “refuerzos de personal en la administración competente para tramitar las solicitudes de asilo y resolver los expedientes de extranjería”,
Igualmente, piden acabar con la reubicación de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo, salvo que el propio ministro del Interior se responsabilice personalmente de que se va a hacer un examen pormenorizado de sus circunstancias. En la misma línea, Vox aboga por no gastar dinero público en reubicar inmigrantes.
Por último, a Interior se le exige reforzar con más agentes a aquellas comunidades y localidades que acojan inmigrantes en centro internamientos y que el ministro Grande-Marlaska se responsabilice de cualquier ataque contra la libertad o la seguridad de los españoles derivada de la reubicación de los inmigrantes ilegales.