La portavoz de VOX en el Congreso, María José Rodríguez de Millán, ha emplazado al ministro Félix Bolaños a comparecer en la Cámara Baja para explicar “qué más necesita saber el Gobierno para cesar al fiscal general, Álvaro García Ortiz”, a quien atribuye el papel de “defensor de la familia Sánchez”.
Durante una rueda de prensa, Rodríguez de Millán denunció que el ejecutivo ha politizado la Fiscalía al respaldar a García Ortiz, acusado de “actuar como abogado particular” de Pedro Sánchez, con el fin de evitar la apertura de causas judiciales en su contra. En ese contexto, exigió al Partido Popular que rompa los pactos del PSOE en Bruselas, pues considera que ambos partidos «blanquean a una banda que está arrasando las instituciones».
Rodríguez de Millán insistió en que la continuidad del fiscal general daña la carrera judicial y fiscal y representa un agravio para quienes exigen rendición de cuentas a Sánchez. A través de su intervención, pidió al Gobierno que revele si tiene previsto solicitar el cese del fiscal o modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para evitar futuras interferencias políticas.
El portavoz de VOX fue contundente: “El fiscal es otra herramienta que utiliza el Gobierno para blindarse” y calificó la situación de “hecho objetivo” que perjudica la independencia del sistema judicial. Asimismo, acusó al Ejecutivo de fomentar “miedo institucional”, comparándolo con prácticas autoritarias y asegurando que esta maniobra no solo daña a los magistrados sino a toda la ciudadanía .
Este ataque se produce en paralelo a la exigencia del PP, que también ha reclamado la dimisión inmediata del fiscal general. Ambos partidos de oposición aluden al procesamiento de García Ortiz por presunta revelación de secretos relacionados con el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el Gobierno ha rechazado las acusaciones y asegura que no existieron instrucciones para filtrar información, remarcando que la presunción de inocencia aún rige.
Con esta ofensiva, VOX busca presionar al Ejecutivo para que actúe con firmeza y cese a un fiscal cuya continuidad, según ellos, representa una amenaza al Estado de Derecho.