El político asegura que Ábalos adquirió, sin contraprestación, el inmueble del Paseo de la Castellana número 164 de Madrid
El empresario investigado en el caso Koldo, Víctor de Aldama, ha entregado su declaración ante el juez Leopoldo Puente este lunes a las 09.34 horas. Este magistrado examina las supuestas adjudicaciones irregulares acordadas durante la pandemia para la compra de equipamiento médico.
Según varios medios, el imputado del caso Koldo ha llevado su caso al Tribunal Supremo en representación del dueño de la empresa Desokupa, Daniel Esteve, quien le habría brindado protección hasta el acceso lateral del inmueble.
Según EP, fuentes de la defensa afirman que el empresario intenta dar respuesta a las preguntas que todas las partes le formulen. De Aldama ha llegado a la plaza del Marqués de la Ensenada, donde los medios le estaban esperando, pero no llegó.
La presentación de De Aldama ocurre no solo después de la de José Luis Ábalos, sino también tras la entrega del empresario a la Corte Suprema de un escrito en el que afirmaba que había acordado con el exministro otorgarle un apartamento situado en el Paseo de la Castellana de Madrid, valorado en 1,9 millones de euros, como «garantía» de los pagos que una serie de constructoras le realizarían en el futuro a cambio de contratos «preadjudicados» de obras públicas.
Garantía de cumplimiento
En el documento, al que ha tenido acceso EP, se mencionaba que «la solicitud de dádivas fue constante, y fueron varias las atenciones solicitadas, además de los ingresos de efectivo, y el abono del alquiler del piso en Torre Madrid, ocupado por doña JRG, quien mantenía una relación particular» con el exministro.
De Aldama detalló que, entre otras relaciones económicas, se proyectó una operación, por la cual Ábalos adquiriría, sin contraprestación, el inmueble del Paseo de la Castellana número 164 de Madrid, propiedad del empresario, como “garantía” del cumplimiento del “compromiso” por parte de “determinadas constructoras” de “abonar comisiones, si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos, preadjudicados, esto es, decididos antes de su licitación”.
Sin embargo, en su declaración voluntaria como investigado frente al juez instructor del Supremo, el exministro rechazó la mayor y afirmó que no obtuvo comisiones por la compra de equipos médicos. Es relevante tener en cuenta que en su declaración previa ante la Audiencia Nacional, De Aldama calculó esas presuntas mordeduras a Ábalos en 600.000 euros (incluyendo las que se presupondrían para que la trama se concretara con los contratos de mascarillas).
Más pruebas
Según fuentes próximas a De Aldama que EP consultó, el empresario seguirá manteniendo sus declaraciones ante el Tribunal Supremo, e incluso, tal como adelantó en una entrevista a una radio de Colombia hace una semana, podría aportar más evidencias.
Es crucial recordar que en su declaración anterior también aludió a diversas posiciones y cargos del Gobierno, como el ministro Ángel Víctor Torres, el jefe del Gabinete de Hacienda, Carlos Moreno, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Esta declaración tuvo lugar frente al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, mientras que De Aldama estaba en prisión por otra causa que el juez Santiago Pedraz le está indagando por supuesta estafa en el sector de hidrocarburos. Tras su comparecencia, según recuerda EP, la Fiscalía Anticorrupción pidió su excarcelación. Desde entonces, permanece en libertad.