Varias formaciones buscan cambiar en el Congreso la ley de quita de la deuda autonómica

Junts, Sumar, ERC, Compromís y Coalición Canaria presentan enmiendas con exigencias muy distintas entre sí

La ley orgánica que condona parte de la deuda autonómica afronta ahora su trámite parlamentario más delicado. Cinco formaciones han presentado enmiendas con intereses contrapuestos.

El texto llega al Congreso tras meses de negociación entre Gobierno y comunidades. Pero el reparto final del alivio fiscal sigue sin convencer a todos los socios.

ERC ha sido una de las voces más activas. El partido catalán vincula su apoyo a la reorganización del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, un ente económico que considera estratégico.

ERC pone condiciones económicas para Cataluña

PSOE, Sumar y ERC firmaron conjuntamente una enmienda sobre ese consorcio, al margen de la propia deuda autonómica. El nuevo reparto otorgaría un 45% a la Administración General del Estado y un 40% al Gobierno catalán

El Ayuntamiento de Barcelona conservaría el 15% restante. Además, la presidencia ejecutiva pasaría a manos de una persona designada por la Generalitat.

ERC ha presentado también enmiendas adicionales sobre la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El partido busca ampliar así su margen de negociación más allá de la propia condonación.

Junts reclama premiar el ajuste fiscal pasado

Junts, por su parte, exige introducir un criterio distinto en el reparto. El partido de Puigdemont quiere beneficiar a las comunidades que más recortaron su gasto público entre 2010 y 2013.

Su argumento es que la neutralidad de la ley debe funcionar en los dos sentidos. En su enmienda afirman que «la medida no altera el déficit ni la deuda consolidados del Reino de España».

Los de Junts añaden que la norma «tampoco debe justificar una redistribución posterior del margen fiscal en favor de la Administración central». Piden además que las comunidades puedan transferir ese margen a ayuntamientos y diputaciones.

Sumar aprovecha la ley para colar vivienda y empleo

Sumar ha optado por una estrategia distinta: usar esta negociación para avanzar en otras dos prioridades. Propone excluir el superávit derivado de la condonación de la regla de amortización presupuestaria.

El partido de Yolanda Díaz quiere incorporar también la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, que el Congreso vota este mismo viernes en otro decreto. Y reclama una base pública de datos económicos para la negociación colectiva.

PSOE y Sumar coinciden, eso sí, en fijar un límite temporal claro. Ambos firmaron una enmienda que da seis meses a las comunidades para adherirse mediante las Comisiones Mixtas de financiación.

Compromís y Coalición Canaria piden ir más allá

Compromís, a través de su diputada Àgueda Micó, plantea elevar la cuantía total condonada hasta 118.000 millones de euros. Alternativamente, propone modificar los criterios de reparto actuales.

Micó reivindica además un fondo transitorio de nivelación para las comunidades peor financiadas. Esa demanda, histórica en la Comunitat Valenciana, se mantendría hasta que llegue un nuevo sistema de financiación.

Coalición Canaria, con la enmienda de su diputada Cristina Valido, apunta a otro punto del texto. Pide eliminar el límite que fija la condonación en un máximo del 50% de la deuda viva a 31 de diciembre de 2023.