El fiscal reabre el caso de las muertes en los geriátricos de Ayuso: «Se discriminó a los pacientes agónicos y a los dependientes»

En un informe de unas 200 páginas al que ha tenido acceso Fuentes Informadas, la fiscalía cambia el delito a investigar: ya no es por homicidio, sino por discriminación en razón de la edad y la enfermedad

Han pasado cinco años desde que comenzó la pandemia de covid-19, y más allá de ser un momento para recordar lo vivido, este aniversario trae consigo implicaciones legales. Muchas posibles responsabilidades por la gestión de la crisis prescriben en este plazo, lo que ha reactivado el debate sobre las decisiones tomadas en esos meses críticos.

En plena polémica por la gestión de las residencias de mayores en Madrid, Fuentes Informadas ha tenido acceso a un informe de la Fiscalía Provincial que se ha remitido a numerosos juzgados de la Comunidad y en el que pide que se vuelvan a abrir diligencias por las numerosas muertes en residencias en plena pandemia. Estos juzgados son los que en su día tramitaron casos relacionados con ancianos fallecidos en centros geriátricos o residencias que fueron archivados por la Audiencia Provincial de Madrid.

La fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que ha ordenado realizar este voluminoso informe de 200 folios, se haya imputada por el Tribunal Supremo junto al fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la causa por revelación de secretos interpuesta por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Concretamente, se busca determinar si algunos centros negaron atención médica a sus residentes de manera discriminatoria, una acusación que apunta directamente a los geriatras de referencia de los hospitales y servicios de salud de la Comunidad.

Hasta ahora, los resultados judiciales han sido escasos. Desde septiembre de 2022 hasta diciembre de 2024, los tribunales madrileños han archivado 54 casos relacionados con la gestión en residencias, de los cuales 41 son definitivos y 13 aún están pendientes de recurso. La Fiscalía ha presentado 17 recursos contra estos archivos, además de sumarse a otros dos presentados por asociaciones de víctimas.

La voz de las víctimas

Este nuevo impulso en las investigaciones llega tras la presión de colectivos de familiares afectados. En noviembre, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se reunió con representantes de Mareas de Residencias y la Asociación Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias. Estas organizaciones, preocupadas por la inminente prescripción de los delitos, presentaron una denuncia colectiva en nombre de 109 familias que perdieron a sus seres queridos en residencias madrileñas desde marzo de 2020.

La denuncia refería que los protocolos de no derivación supusieron la denegación de asistencia sanitaria al 80% de los residentes como consecuencia de su dependencia moderada o severa; que no se procedió a la medicalización de las residencias; y que a sus residentes se les negó asistencia sanitaria en centro privado, salvo si tenían un seguro médico.

Tras analizar el caso, la Fiscalía ha decidido actuar en nueve de estas denuncias, relacionadas con muertes que no habían sido investigadas previamente. En otros casos, se han remitido a los juzgados donde ya existen procedimientos abiertos. Durante estos años, las asociaciones han criticado la falta de iniciativa de la Fiscalía en estos casos, pero este reciente movimiento sugiere un cambio de actitud.

¿Qué delitos se investigan?

El pasado 6 de noviembre, Lastra firmó un decreto para que la Fiscalía Provincial de Madrid y otras fiscalías de área revisaran la documentación presentada. La principal línea de investigación es si hubo un delito de denegación de asistencia sanitaria por discriminación (artículo 511 del Código Penal). Hasta ahora, muchas denuncias se habían centrado en delitos como omisión del deber de socorro o homicidio imprudente.

Más allá de la posible responsabilidad penal, desde las asociaciones de víctimas insisten en que también hay una responsabilidad política que no se ha asumido. Consideran inaceptable que miles de mayores no fueran trasladados a hospitales en plena pandemia, una decisión que costó vidas.