El presidente del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano, cuyo mandato de nueve años iniciado el 12 de junio de 2013 ha caducado el pasado domingo, formó parte del Pleno del TC que en 2016 desestimó un. recurso de inconstitucionalidad que, entre otras normas legales, impugnaba el nombramiento parcial por parte de una sola de las cámaras (el Senado) de vocales para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el argumento de que debía ser conjunto con la otra (Congreso de los Diputados).
González-Trevijano se resiste ahora a dejar su puesto con el argumento contrario: solo si se nombra la terna de los cuatro magistrados cuyos mandatos acaban de vencer (González-Trevijano, Juan Antonio Xiol (vicepresidente del TC), Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares) aceptará dar paso a la nueva composición del tribunal utilizando el poder personal que le confiere la presidencia del TC.
En una sentencia de diciembre de 2016 -González Trevijano ya llevaba tres años en el TC desde su nombramiento en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy-, el tribunal de garantías sentenció que la renovación conjunta de una institución constitucional -en aquel caso el CGPJ- era propia de una situación de “normalidad”. Pero si dos cámaras de poderes distintos tienen que realizar el nombramiento, y una de ellas no puede, por la razón que sea, la otra está obligada a hacer sus propios nombramientos, sin que sea vulnerada la Constitución aunque en tal caso la renovación no sea un acto simultáneo. En otros términos: la imposibilidad de uno de los poderes no se traslada al otro.
La legislación impugnada había sido introducida en 2013 por el Partido Popular, que gozaba de mayoría en el Senado, no así en el Congreso. En el recurso de inconstitucionalidad -presentado por los parlamentarios del PSOE- tocó la ponencia al magistrado del sector llamado progresista Fernando Valdés Val-Ré.
La sentencia señalaba que la “nueva regulación procura que la Cámara que está en condiciones de cumplir su cometido de propuesta lo lleve a cabo efectivamente, siquiera sea en solitario, y que la ulterior designación por la Cámara que no logró proponer en tiempo no determine para sucesivas renovaciones, de manera ya indefinida, la imposible renovación íntegra del órgano”.
Según decía “la renovación en su integridad del CGPJ [con la propuesta simultánea de Congreso y Senado] es una opción legítima del legislador orgánico. Se siguen de ella, en situaciones de normalidad institucional, dos consecuencias. La primera, que ambas Cámaras han de proceder a sus propuestas, si no necesariamente en igual fecha o, como equivocadamente se viene a decir en la demanda, en “unidad de acto”, sí con la mayor simultaneidad posible y dentro siempre del respeto del plazo….”
Y, atención, advertía sobre la segunda consecuencia: “Pero las previsiones normativas no garantizan, con su solo enunciado vinculante, la efectividad plena de lo dispuesto en ellas, de modo que ninguna objeción constitucional cabe oponer a que el legislador disponga prevenciones subsidiarias para la hipótesis de que, debiendo concurrir ambas Cámaras, por separado, a la designación de los vocales cuya propuesta les corresponde, tan sólo una de ellas, por los motivos que sean, esté en condiciones de cumplir su cometido”. En ese caso, señala que cada cámara ostenta la potestad y la responsabilidad consiguiente de designar, en el tiempo legalmente prescrito, los vocales de su elección.
Pero he aquí lo esencial: “La propuesta o designación de que tratamos es, para cada una de las Cámaras, un genuino poder-deber. Una potestad, sin duda, pero también, al tiempo, un deber ex Constitutione, [desde la Constitución] con términos trasladables aquí respecto de previsiones legales relativas a la renovación de este mismo Tribunal Constitucional”.
Es decir que la renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato ha caducado el pasado domingo 12 de junio es, en términos de la sentencia, un “poder deber” según marca la Constitución.
Dos de ellos (Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, nombrados por el gobierno de Rajoy) corresponde ahora nombrar al Gobierno; los otros al CGPJ. El primero, el Gobierno, está en condiciones de hacer los nombramientos; el segundo no puede hacerlos por una ley que prohíbe al CGPJ caducado en 2018 y en su noveno año, desde su constitución en diciembre de 2013, realizar nombramientos.
UN ACUERDO INTERMINABLE
Según la ley del TC vigente, el presidente del tribunal, en este caso González Trevijano, tenía que dirigir cuatro meses antes del vencimiento de los mandatos -en este caso los cuatro del pasado domingo 12 de junio- una comunicación, separadamente, al presidente del Gobierno y al presidente del Tribunal Supremo y CGPJ en la que debía solicitar la apertura del proceso de nombramientos para hacerlos en fecha.
El Gobierno, que debe nombrar y puede hacerlo, no ha nombrado a los dos magistrados. Ni el pasado martes 7 de junio ni ayer martes 14. Porque espera llegar a un acuerdo interminable -ahora pospuesto para un mes después de las elecciones andaluzas- pero no por razones de imposibilidad legal, como dice el mensaje que ha logrado “vender” con éxito mediático el PP. No ha cumplido con su deber constitucional sobre todo porque huía de un enfrentamiento en el TC en plena campaña electoral. Porque el presidente González-Trevijano hizo llegar al entorno del Gobierno, ya hace algún tiempo, que se abrían dos posibilidades.
Si se nombraba a los magistrados que corresponden al Gobierno, él como presidente tenía que convocar un Pleno para verificar el cumplimiento de los requisitos de los designados. En tal caso podía abstenerse de convocarlo porque no estaban los otros dos del CGPJ y el tema se quedaba en el aire. La otra posibilidad: convocaba el Pleno, y él en lugar de abstenerse participaría junto con el otro magistrado, Antonio Narváez, y con la mayoría conservadora se impediría la toma de posesión de aquellos dos nombrados por el Gobierno.
En el Pleno de 2016, González-Trevijano respaldó la renovación parcial del CGPJ, una sentencia que se aplica ahora a la situación del propio TC en estos momentos, según se ha apuntado. Quizá respaldó esa sentencia porque se trataba de desestimar un recurso del PSOE. Fernando Valdés, del sector progresista, fue el ponente, y no dudó en defender la renovación parcial pese a que los recurrentes eran del PSOE.
El lunes pasado, consultado por El Periódico de Catalunya sobre la relación entre la situación del CGPJ y la del TC y ahora señalo: “Que yo recuerde no hubo ningún problema en defender la renovación parcial porque es lo que en una situación excepcional se exige. Y esa idea es precisamente la que puede aplicarse a la situación actual. El nombramiento es una obligación cuando puede hacerse”.