Estados Unidos ha confirmado la destrucción de tres presuntas narcolanchas en operativos realizados en el Pacífico oriental y el Caribe. Como resultado, 11 personas han fallecido. El anuncio marca un nuevo episodio en la ofensiva marítima contra el narcotráfico.
Según el Comando Sur, las embarcaciones navegaban por rutas habituales del tráfico de drogas. Además, las autoridades sostienen que estaban vinculadas a organizaciones criminales consideradas de alto riesgo. Por ello, se autorizó una intervención directa.
Dos de los ataques se produjeron en el Pacífico oriental. En cada una de esas lanchas murieron cuatro tripulantes. Posteriormente, una tercera operación tuvo lugar en el Caribe. Allí fallecieron tres personas más.
Estas acciones forman parte de la operación ‘Lanza del Sur’, activa desde hace meses. El objetivo es reforzar la presión sobre las redes de narcotráfico en América Latina y el Caribe. De este modo, Washington busca frenar el transporte marítimo de drogas hacia Norteamérica.
El operativo estuvo bajo la dirección del general Francis L. Donovan, responsable del Comando Sur. Las fuerzas desplegadas ejecutaron lo que definieron como ataques letales selectivos. Es decir, intervenciones destinadas a neutralizar las embarcaciones en alta mar.
Desde septiembre, las acciones contra lanchas sospechosas superan las cuarenta. En consecuencia, el número total de fallecidos ronda ya el centenar y medio, según cifras oficiales.
La estrategia estadounidense ha sido defendida por la Administración del presidente Donald Trump, que sostiene que el país mantiene una guerra abierta contra los carteles y organizaciones vinculadas al tráfico de drogas. Desde Washington argumentan que estas actuaciones buscan frenar el flujo de estupefacientes hacia territorio estadounidense y debilitar estructuras criminales transnacionales, según 20 minutos.
Sin embargo, las operaciones también han despertado críticas. Diversas voces cuestionan el uso de la fuerza letal sin que medie un proceso judicial previo. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten de la necesidad de garantizar el debido proceso y de esclarecer con transparencia la identidad y el grado de implicación de las personas fallecidas.
Más allá de la polémica jurídica, el impacto humano es innegable. Once vidas se han perdido en una intervención que vuelve a mostrar la dureza de la lucha contra el narcotráfico en aguas internacionales. Mientras Estados Unidos mantiene su ofensiva, el debate sobre los límites de la seguridad y el respeto al derecho internacional continúa abierto.