Un año más, los pensionistas en España se preparan para la revalorización anual de sus prestaciones. El dato clave para calcular la subida de 2026 será la inflación de noviembre, que se publicará a mediados de diciembre. Esta cifra servirá de referencia para determinar el incremento, tomando como base la inflación media registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.
Aunque todavía no se conoce el dato definitivo, las cifras de septiembre ofrecen una estimación bastante clara: todo apunta a que la inflación anual rondará el 2,6%. Si se confirma, las pensiones contributivas se revalorizarán en ese mismo porcentaje, mientras que las pensiones máximas podrían experimentar un aumento algo mayor, en torno al 2,7%, gracias al mecanismo adicional de compensación incluido en la última reforma del sistema público.
En el caso de las pensiones mínimas, las no contributivas y las de viudedad con cargas familiares, la subida será superior al Índice de Precios de Consumo (IPC). El objetivo del Gobierno es que, antes de 2027, estas prestaciones alcancen los niveles mínimos de ingresos establecidos por la Unión Europea para evitar situaciones de pobreza entre los jubilados.
De acuerdo con las proyecciones de la Seguridad Social, las cuantías brutas mensuales estimadas para 2026 reflejarán este incremento generalizado en todas las categorías. Sin embargo, los expertos recuerdan que las cifras definitivas se conocerán tras publicarse el dato oficial del IPC de noviembre.
A partir de 2026, el sistema español de pensiones afrontará además una nueva etapa marcada por reformas estructurales. Entrará en vigor un sistema dual de cálculo que permitirá a los nuevos jubilados acogerse automáticamente a la fórmula que les resulte más beneficiosa para determinar su base reguladora.
Asimismo, la edad ordinaria de jubilación será de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen 38 años y 3 meses cotizados, y de 65 años para quienes sí lo hagan. Estas medidas, junto con el aumento de las prestaciones, implicarán un esfuerzo presupuestario adicional estimado en más de 6.000 millones de euros.