Servicios Bancarios exige cárcel para los directivos del BBVA implicados en vigilancias ilegales

La gravedad de las acusaciones refleja la magnitud de las supuestas actividades delictivas en las que se vieron implicados los ejecutivos bancarios

Luis Pineda, presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), ha presentado un escrito de acusación ante la Audiencia Nacional en el marco del caso que involucra al BBVA y a su expresidente, Francisco González.

En este documento, Pineda detalla las acusaciones contra González y otros exdirectivos del banco por la contratación del excomisario de policía José Manuel Villarejo para realizar determinados trabajos entre 2004 y 2016. Los delitos que se investigan incluyen cohecho continuado y revelación de secretos.

Pineda solicita penas de prisión significativas para varios acusados. Concretamente, pide 30 años y 6 meses de prisión para Francisco González; 30 años y 7 meses para Ángel Cano, exCEO del BBVA; y 24 años y 6 meses para José Manuel Villarejo.

En el caso de González, las penas se desglosan en 7 años y 6 meses por cohecho continuado, 5 años por revelación de secretos, 6 años por pertenencia a un grupo criminal, 6 años por falsedad documental y 6 más por administración desleal.

La gravedad de las acusaciones refleja la magnitud de las supuestas actividades delictivas en las que se vieron implicados los exdirectivos del BBVA.

En el caso de Ángel Cano, Pineda reclama penas similares: 7 años y 6 meses por cohecho continuado, 5 años por revelación de secretos, 6 años por pertenencia a un grupo criminal y otros 6 años por administración desleal.

En su escrito, Pineda argumenta que tanto González como Cano orquestaron una campaña en su contra, ordenando al comisario que le espiara después de que Pineda consiguiera una victoria judicial en un caso relacionado con las denominadas cláusulas suelo, lo que agravó el enfrentamiento entre Ausbanc y BBVA.

Además de las penas de prisión, Pineda exige que el BBVA informe públicamente sobre estas acusaciones. Específicamente, solicita que, conforme a la Ley del Mercado de Valores, el banco comunique estas peticiones como un “Hecho Relevante” tanto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como al Banco de España y al Banco Central Europeo (BCE).

Esto se debe a las posibles consecuencias civiles, como las multas y la prohibición de recibir subvenciones y beneficios fiscales, así como la prohibición de contratar con el sector público, que podrían derivarse de las responsabilidades legales que enfrenta la entidad.

Pineda recuerda en su escrito que fue declarado inocente de los cargos en su contra por el Tribunal Supremo. A pesar de ello, subraya que el BBVA solicitó en su momento una condena de 129 años de prisión para él, a sabiendas de que esa petición era infundada.

Según Pineda, esta solicitud se basaba en prácticas ilegales y un procedimiento irregular de contratación, en el que estuvieron implicados tanto Francisco González como Julio Corrochano, entonces director de Seguridad del BBVA, con la cooperación de otros acusados.

En cuanto a la compensación económica, Pineda solicita que el BBVA pague 196,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por presunto espionaje.

Esta cantidad refleja la magnitud de los daños que, según la acusación, se derivaron de estas actividades ilícitas y que afectaron tanto a Pineda como a otras personas que fueron objeto de espionaje por parte del banco.

Otros altos cargos

Aparte de Pineda, también el exvicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, ha presentado su propia acusación en este caso. Arenillas pide 10 años de prisión tanto para Francisco González como para Ángel Cano.

Estas solicitudes adicionales demuestran la relevancia de este caso en el sector financiero y en las instituciones de supervisión del mercado, dado que otros altos cargos también fueron víctimas de las presuntas actividades de espionaje.

El juez Manuel García Castellón, encargado de investigar este caso, ha señalado que el origen de los hechos se remonta a la contratación de Julio Corrochano, excomisario de policía y director de Seguridad del BBVA, y que este hizo gestiones para que se vigilara a Pineda.

El papel de Corrochano fue clave para que se llevaran a cabo los encargos de vigilancia que involucraron tanto a directivos del banco como a altos funcionarios de seguridad, lo que ha dado lugar a uno de los casos judiciales más importantes en la historia reciente del sector financiero en España.

Además de las penas de prisión y la compensación económica exigida, Pineda también hace referencia en su escrito a las consecuencias que estos delitos podrían tener sobre la reputación y el futuro del BBVA.

Según el presidente de Ausbanc, el impacto de estas acusaciones podría afectar gravemente la confianza de los inversores y la credibilidad de la entidad financiera a nivel nacional e internacional.

Señala que las posibles sanciones y prohibiciones, como la de no poder contratar con el sector público, generarían pérdidas significativas para el banco, lo que agravaría aún más la situación de la entidad ante los mercados y los organismos reguladores.

En este contexto, el caso también ha puesto de relieve el uso indebido de recursos y poder en instituciones financieras de gran relevancia como el BBVA. Las acusaciones de espionaje, manipulación de información y la utilización de altos cargos de seguridad para fines ilegales plantean preguntas sobre la gobernanza y las prácticas internas del banco durante los años en los que se llevaron a cabo estos hechos.

El proceso judicial no solo busca responsabilizar a los individuos implicados, sino también establecer un precedente sobre cómo deben gestionarse las responsabilidades éticas y legales dentro de las grandes corporaciones financieras en España y más allá.