Durante el evento Discursos de Odio, un riesgo para la democracia en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, representantes sociales enfatizaron la necesidad de políticas reales de prevención, al señalar que estos discursos no solo son preocupantes, sino que también se traducen en delitos. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Sumar destacaron que estos mensajes están asociados a «unas siglas determinadas».
La Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA), Carmen Martín, afirmó que los discursos de odio sirven como antesala para los delitos de odio, los cuales pueden manifestarse como agresiones físicas o mentales. La tesorera de la Asociación de Mujeres Empleadas de Hogar y Cuidados (SEDOAC), Edith Espinola, subrayó el dolor y la angustia generados por estos mensajes, criticando además los estereotipos hacia los migrantes en España.
La secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de trabajo de Comisiones Obreras (CCOO), Carolina Vidal, resaltó la necesidad de combatir las discriminaciones estructurales desde las leyes, haciendo hincapié en la transformación colectiva de la sociedad. Destacó la importancia de intervenir no solo en los medios de comunicación y las grandes empresas digitales, sino también en el consenso gubernamental y legislativo.
El periodista de la Fundación Secretariado Gitano, José Santos, centró su discurso en la manera en que la sociedad y los medios de comunicación se dirigen al pueblo gitano, denunciando la deshumanización y estigmatización que enfrentan. Criticó los insultos y la creciente incitación a la violencia.
La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Uge Sangil, instó a los grupos parlamentarios a mostrar compromiso y a implementar políticas concretas de prevención del discurso de odio. Además, destacó la necesidad de un Pacto de Estado para las personas LGTBI, defendiendo la dignidad y la salud del colectivo.
La diputada Sonia Guerra, del Grupo Parlamentario Socialista, planteó la sutil línea que separa el discurso de odio del delito de odio, al afirmar que donde hay discurso, hay delito, y donde hay delito, hay odio. También destacó la presencia de una ideología política específica detrás de estos mensajes, mayoritariamente racistas y relacionados con la orientación e identidad sexual.
Desde Sumar, Tesh Sidi explicó que los discursos de odio se intensifican con el avance de la extrema derecha en Europa y a nivel mundial. Subrayó la importancia de la pedagogía y la defensa colectiva de los derechos para contrarrestar estos discursos.
La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, resaltó la necesidad de acciones más allá del control episódico, al abogar por un enfoque transformador y duradero para abordar el problema complejo y estructural de los discursos de odio. Hizo hincapié en la importancia de garantizar la protección y reparación de las víctimas, al construir una cultura y un discurso de paz y no discriminación.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, solicitó un «acuerdo de país» contra los discursos de odio hacia las personas y colectivos más vulnerables, para cumplir así con el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. El pacto se asemejaría al alcanzado para la violencia de género, y fortalecer el consenso social y político en rechazo a estos discursos.