La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) ha reclamado que las empresas que obtengan nuevos contratos públicos a través de comisiones o mordidas paguen «caro» esas prácticas y piden que se impulsen de forma inmediata las medidas anticorrupción propuestas esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
Centrar la atención en estas empresas corruptoras es esencial para el portavoz de JJPD, Edmundo Rodríguez Achútegui, quien considera “un paso en el camino correcto” ampliar el fin de la prescripción de los delitos de corrupción. Asimismo, el colectivo aboga por la investigación en casos de corrupción liderada por fiscales que se apoyen con diversos especialistas y expertos en administración pública, económica, inspectores de hacienda y policía judicial especializada.
Además, el magistrado Rodríguez sugiere la implementación de herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial para un mayor control, así como introducir a los procesos de licitación pública en España las garantías que exige la Unión Europea en la concesión de fondos Next Generation.
Entre las medidas propuestas por el Gobierno, Rodríguez Achutegui reclama “que también se aborde la cuestión del nombramiento de asesores”, que según él “deberían regularse con mayor rigor que en la actualidad, pues en los tribunales ya se han detectado caso de asesores que no realizan esa función o trabajan directamente para un partido”. Esto supone “confundir un cargo público en la Administración pública con una responsabilidad privada, dentro del partido”, lo cual debe “desterrarse” para garantizar la distinción entre financiación pública y privada.
El portavoz de JJPD reclama además que se realice un gran debate público y parlamentario en el cual se aprueben reformas preventivas para evitar que la corrupción continúe instalada en la concesión de obras públicas, así como reformas procesales que brinden los medios necesarios al aparato de justicia para frenar así la corrupción.