Quejas en el mundo judicial por la decisión de Albares de proponer a una «auténtica desconocida» como juez de la Corte Penal Internacional

La agraciada es la valenciana Ana Peyró Llopis, profesora titular (no es catedrática), de Derecho internacional Público en la Universidad Cergy-Pontoise

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, continúa arrastrando el prestigio de España por el lodo de la comunidad internacional «con sus caprichos y ocurrencias», según explican fuentes del ministerio.

Tras haber aterrorizado a los diplomáticos con su baile de ceses caprichosos a modo, a veces, de sanciones encubiertas (por visitar a Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, o dormitar durante uno de sus soporíferos discursos) y convertir muchos de sus nombramientos en arbitrarios, en Exteriores y en el mundo judicial «asistimos hoy al último espectáculo de este Gobierno y de este ministro», coinciden en señalar los citados medios y otros del mundo judicial.

Ha designado «a una auténtica desconocida», aseguran en Exteriores y en fuentes del mundo judicial, que se hacen cruces, «para la Corte Penal Internacional».

La agraciada ha sido la valenciana Ana Peyró Llopis, profesora titular (ni siquiera catedrática) de Derecho internacional Público en la Universidad Cergy-Pontoise, y desde marzo de 2007 es asesora internacional en el gabinete del Secretario de Estado de Justicia. En 2024 fue jefa del equipo investigador de los crímenes del DAESH en Iraq.

¿Qué es la Corte Penal?

La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente con sede en La Haya que juzga delitos gravísimos de trascendencia para la comunidad internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Este tribunal está integrado por 18 magistrados, elegidos para un mandato de 9 años por la Asamblea de los Estados partes en el Estatuto de Roma de 1998 (renovables por tercios cada tres años).

El Estatuto exige que en ellos se asegure el equilibrio de sexos, de procedencia geográfica y de los diversos sistemas jurídicos mundiales; y que tengan la máxima altura moral, integridad e imparcialidad.

También exige taxativamente el artículo 36.3 del Estatuto de Roma (que, al parecer, Albares y sus colaboradores no se han leído) que los candidatos a ocupar esas plazas de magistrados (propuestos por los Estados) “reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países”.

Además, “deberán tener” una bien “reconocida competencia en Derecho y procedimientos penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar”, o bien, alternativamente, “reconocida competencia en materias pertinentes de Derecho internacional».

Tales materias son «el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos”, así como “gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte”.

Y “un excelente conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte”, que son el francés y el inglés.

Los requisitos para presentar candidaturas son muy claros.

España, dada su irrelevancia internacional desde 2004, y a pesar de ser uno de los Estados que más contribuye económicamente al sostenimiento de la Corte, jamás ha logrado colocar a un nacional español en un puesto de magistrado de ese importante tribunal, cosa que han logrado numerosos Estados europeos, africanos y asiáticos, muchos de ellos del llamado “tercer mundo”.

¿Acaso nuestros juristas son de menor calidad que los de esos otros Estados?

En absoluto.

Según afirma Como un prestigioso magistrado del Tribunal Supremo, «el problema es que ninguno de los candidatos/as propuestos por los sucesivos gobiernos españoles cumplía, ni por asomo, los requisitos que imperativamente fija el artículo 36 del Estatuto de Roma».

«O eran diplomáticos o profesores universitarios de Derecho internacional», pero ninguno reunía “las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales” en España; es decir, para ser miembros del Tribunal Supremo (bien por pertenecer a la carrera judicial o poder acceder por el llamado “quinto turno” o bien por ser miembros del Cuerpo jurídico militar).

Tampoco ninguno de ellos/as tenía “reconocida competencia en derecho y procedimiento penales” ni “la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar”, ni “reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario” ni “gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte”, señalan fuentes judiciales.

Pero, al menos, conocían sobradamente el Derecho internacional de los derechos humanos, siendo autores de señaladas publicaciones en la materia y atesorando una acreditada experiencia internacional.

Algunos/as participaron en la Conferencia Diplomática que en 1998, en Roma, aprobó el Estatuto de la Corte y posteriormente, entre 1998 y 2000, en la Asamblea Preparatoria que redactó varios instrumentos necesarios para el funcionamiento de la Corte, como las reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes.

Pues ahora Albares ha rizado el rizo, sostienen. «Ha hecho que el Gobierno del no menos ignorante Pedro Sánchez proponga a una magistrada completamente desconocida en el mundo jurídico penal y procesal como candidata a juez de la Corte Penal Internacional». Esto ha ocasionado quejas en el mundo judicial y en el propio ministerio.

Consulado de Manila

Y lo ha hecho un ministro que sigue sin aclarar, por otro lado, lo que ocurre en ciertos consulados, como el de Manila, en los que la expedición de visados es, cuando menos, caprichosa (y tiene que ser rectificada por los tribunales españoles).

Tampoco ha ofrecido explicación alguna de lo que ocurre en la embajada en la India, ni de las económicamente tan rentables relaciones empresariales de su pareja (de las que este y otros medios han informado).

Según fuentes judiciales, Peyró Llopis es «una oscura funcionaria, profesora de mediano nivel con algunas publicaciones de discutible calidad, sin ninguna experiencia judicial ni forense y a la que se le desconoce publicación alguna en materia de Derecho internacional humanitario, Derecho penal y procesal penal».

«Y menos aún experiencia, ni grande ni pequeña, en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte·», añaden los citados medios.

Una “paracaidista”, en suma, perteneciente al círculo íntimo de Albares, a la que se pretende hacer aterrizar en el más importante tribunal penal internacional ayuna de conocimientos penales y procesales y de cualquier experiencia judicial.

Su primera relación con la jurisdicción penal sería en la Corte y nada menos que como magistrada de la misma.

Un fiscal de la Audiencia Nacional, que califica de “bochornosa estupidez” la actuación de Albares y del Gobierno, afirma que el escándalo entre jueces, fiscales, abogados y académicos de prestigio es “de aúpa”.

Se va a lograr que “España haga el ridículo de nuevo” y esta vez “a lo grande”, al proponer a alguien que jamás ha pisado una sede judicial. Esta es, señala, la más “floja” de las candidaturas que nuestro país ha propuesto nunca «y el más descarado intento de colocar a una persona políticamente afín al PSOE en un tribunal internacional», sostienen.

Y si, por compensar a España las ingentes sumas que desde 2000 lleva abonadas a la Corte, se eligiera a esta candidata, «su fracaso profesional está más que asegurado», indican.

Y añaden: «Dada su falta de experiencia judicial, no sabría valorar una prueba testifical o documental, ni valorar la existencia o no de error de hecho o de derecho, redactar una sentencia o resolución, etc. Ayuna de práctica forense, estaría en manos de los demás magistrados o, lo que es peor, en las de los letrados que se pongan a su servicio y que le redactarán sus resoluciones».

«Nuestro país», dice otro alto magistrado,»tiene jueces y fiscales, catedráticos y otros profesionales como Abogados del Estado, en activo o jubilados, que reúnen, sobrada y dignamente, las condiciones que fija el Estatuto de Roma».

Mientras tanto, señalan fuentes del Ministerio de Exteriores, «la colonización de instituciones, incluso internacionales, por afines a este gobierno continúa implacablemente».

«Albares», añaden, «es un pésimo y desprestigiado ministro pero un excelente intérprete de los propósitos de Pedro Sánchez (trabaja “en la dirección” del jefe o “puto amo”), que, a modo de buen comisario político, sabe colocar a sus peones en los lugares adecuados, aunque se encuentren casi tan ayunos de conocimientos como él», zanjan.