Hoy: 26 de noviembre de 2024
La Plataforma que agrupa a sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil anuncia una manifestación para el 16 de marzo si el Gobierno no negocia antes con ellos una “jubilación digna” como la que disfrutan los Mossos d’Esquadra y otros cuerpos policiales autonómicos y locales.
Los portavoces de la plataforma, Mónica Gracia (SUP) y Juan Fernández (AUGC), denuncian el “agravio” y la situación “sangrante” en comparación con policías autonómicas como los Mossos. En este sentido, aseguran que su voluntad es abrir un diálogo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque estiman que necesitan 45 millones de euros para su “jubilación digna”.
Las organizaciones policiales disponen de un informe en el que, según sus cálculos, el pase a jubilación de un policía o un guardia civil conlleva una pérdida en su nómina de una media que oscila entre 700 y 1.000 euros, frente a los 80 y 120 euros en el caso de los mandos autonómicos y locales.
Estas organizaciones también recelan de que en diciembre la consejera de Economía y Hacienda de Cataluña, Natàlia Mas, anunciara de que los Mossos contarán con 46 millones de euros para igualar la jubilación anticipada con los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil.
En la rueda de prensa celebrada en Madrid también subrayan la contradicción que supone que Junts anuncie la transferencia en materia migratoria y que luego el ministro Fernando Grande-Marlaska les diga a ellos en privado que “nunca se ha cedido competencias de Interior y que no se va a hacer tampoco en esta legislatura”.
“¿Nadie en el Gobierno se acuerda de los suyos?”, pregunta Juan Fernández, a lo que Mónica Gracia añade que la “jubilación digna” que reclaman es una cuestión de “voluntad política”, ya que con Mossos y otras policías se ha hecho efectiva vía presupuestos.
La plataforma surgió en enero de 2023 y aglutina a 13 organizaciones de la Policía y la Guardia Civil que recogen la estela del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, ya que una de sus reivindicaciones es activar la cláusula octava para aprobar una ley que impida futuras divergencias entre cuerpos policiales.
En este sentido, califican de “ofensa” que el Ministerio del Interior haya recurrido la sentencia para renegociar el Acuerdo de Equiparación Salarial que ya ejecutó una subida salarial para policías y guardias civiles, al destinar más de 800 millones.