Poderes fácticos que resucitan

Veamos si la inteligencia política se abre paso de la mano de una moralidad implacable contra los corruptos

RAFAEL FRAGUAS

Nada de lo que sucede hoy en España resulta comprensible sin tener en cuenta los poderes fácticos. Los poderes fácticos son aquellos aparatos políticos ligados a compañías o grupos de presión que se emancipan de cualquier control y aplican su designio conforme a sus intereses, siempre sectoriales o minoritarios. Siempre. ¿Existen poderes fácticos en las democracias? Esto es, ¿hay sobre la escena política vectores fuera del control democrático de sus actos y que se desenvuelvan con plena autonomía política? No debieran existir pero, aquí y ahora, existen. ¿Cuáles son pues?

Vayamos por partes. Remontémonos a la historia reciente. Durante la transición de la dictadura a la democracia, se mostraron operativos distintos poderes fácticos. Fueron los que trataron de impedir y, en ocasiones, impidieron, muchas de las reformas que la democracia anti-dictatorial traía consigo. Los poderes fácticos vigentes entonces eran los herederos de un franquismo corroído por sus contradicciones y fragmentado, pero aún muy dañino: las compañías eléctricas; el sector ultra de las Fuerzas Armadas y la Policía; la jerarquía eclesiástica ultraconservadora; la Banca, subvencionada en su conjunto por el franquismo… fueron algunos de los poderes fácticos internos que intentaron torcer el rumbo y la velocidad de crucero de la democratización.

Fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos (es decir, CIA-FBI-Complejo Militar-Industrial) en teoría aliado de España, metió mano todo lo que pudo tratando de impedir que la española fuera una democracia plena; negándose, incluso, hasta el culmen de su fuerza a que sindicatos y partidos políticos de izquierda fueran legalizados. No consiguió truncar aquel proceso de masas que conquistó las libertades democráticas a pesar de Washington. Pero hasta un embajador estadounidense en Madrid, Terence Todman, no mostró rechazo alguno hacia los golpistas del 23 de Febrero de 1981, mientras el Secretario de Estado norteamericano y general de cuatro estrellas, Alexander Haig, dijo que el secuestro a mano armada del Congreso de los Diputados era simplemente un “asunto interno”. Claro, qué iba a decir cuando la principal beneficiaria de aquella astracanada sería la OTAN, por el miedo al retorno al poder en Madrid del Ejército tras la dictadura, miedo causado por el secuestro de la soberanía, que llevaría poco después a votar con la nariz tapada el ingreso en la denominada Alianza Atlántica, pensando que aquel pavor al retorno de los golpistas al poder se conjuraba en el redil militar acotado por Washington en Europa para domeñarla.

Un Estado federal en España tampoco fue posible. Ultras uniformados pensaban que la unidad de España era tan metafísica y sacrosanta, que les impedía percatarse que su diversidad suprarregional y lingüística, catalana, vasca, gallega… la fortificaba y engrandecía. Y la ausencia de un Estado federal se trocó por el denominado Estado de las Autonomías. Al centralismo franquista se opuso y aplicó el autonomismo regional. Pero éste, con todas sus ventajas descentralizadoras, creó posteriormente problemas de hiper-buroracia y de fronteras competenciales borrosas con el Estado central, problemas que hoy lamentamos casi todos. Por ejemplo, las competencias en Sanidad o en Educación que, como hemos visto, en manos de políticas inescrupulosas, crean desastres sin paliativos como los 7291 ancianos muertos, procedentes de residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, desasistidos en la sanidad regional; o las particularizaciones lingüísticas -o históricas- excluyentes o unilaterales en algunas comunidades, entre otros casos.

Tampoco fue posible adecuar entonces la Jefatura del Estado a las condicionantes igualitarios de la ley – los poderes fácticos ultras del franquismo se cerraron en banda para perpetuar el privilegio vitalicio de la supremacía e irresponsabilidad de la persona del monarca respecto de la ley – con los consiguientes resultados que hemos conocido sobre la ulterior conducta de Juan Carlos I.

La ley electoral fue redactada entonces, 50 años atrás, en términos de urgencia, con un sistema corrector orientado, aparentemente, a reducir el océano de siglas en escena. Pero el motor verdadero de aquella ley tan asimétrica e injusta era, para las esferas áulicas y los poderes fácticos, el miedo a que la izquierda real adquiriera el peso político que su presencia social real y sostenida en las fábricas, las aulas, las calles y algunos templos, sin aquellas trabas podría haber tenido. Hoy, para algunos sectores de población, como el de quienes votan a la izquierda, conseguir un escaño para sus representantes les exige tres o cuatro veces más votos que los que precisa el partido mayoritario de derechas. Suma y sigue.

Poco a poco, aparte de estas rotundas carencias democráticas, los poderes fácticos, una vez despejados sus temores, entraron en una fase durmiente, quizá de vigilia; también la ignominia de su pasado franquista parecía haberles silenciado y evaporado de la hechura de la política cotidiana en España. Craso error. Siempre estuvieron ahí, pero su sordina se interpretó equivocadamente como inexistencia.

La jerarquía eclesial

Lo nuevo de la situación actual es que algunos de aquellos poderes fácticos han reaparecido sin careta ya, demostrando que las parcelas de poder que acariciaron antes de consolidarse la democracia siguen formando parte de sus exigencias imperativas cargadas de arrogancia. Y de autoritarismo.

El caso de la Iglesia católica, me refiero a su actual jerarquía episcopal, es paradigmático. Su cabeza, el presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, se ha extralimitado al exigir elecciones generales, a sabiendas de que, en coyunturas tan polarizadas como la actual, lo mejor que pueden hacer gentes de su rango y condición es ceñirse a sus atribuciones doctrinales, nunca políticas. Tampoco ha tenido escrúpulos en asistir a la presentación de un libro de uno de los escritores afines al partido de extrema derecha Vox. A muchos católicos, practicantes o no, les hubiera gustado escuchar de sus labios condenar el trato que para los inmigrantes vocean los líderes del partido cuyo libro refrendó. O bien una reprobación moral de la conducta de Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana, que ocho meses después de la dana no ha dado aún explicaciones sobre su irresponsable ausencia de su puesto cuando se ahogaban 228 compatriotas. No parecen bastarle al arzobispo las copiosas inmatriculaciones en poder de la institución que regenta, ni el ascendiente que el Estado democrático concede a sus centros docentes, ni las emisoras de radio –algunas en verdad tóxicamente antidemocráticas–, ni el pensionado estatal de su clero; no; ahora se propone, además, influir en las decisiones políticas desde la ignorancia –¿o premeditación?– política más llamativa.

Las eléctricas

Otro poder fáctico que asoma sus fauces, también extrademocráticas, en la presente situación: las eléctricas o nucleares, como se ha puesto de manifiesto a propósito del aún sin esclarecer apagón generalizado del reciente 28 de abril. Muy presumiblemente, las compañías electro-nucleares, privadas, claro, pudieron evitar el apagón y no lo hicieron; y ello porque en su mano estaban los dispositivos técnicos compensadores que amortiguan los desequilibrios de la red eléctrica española, compensadores que mantuvieron en parada y no activos. ¿Por qué omitieron presuntamente su deber? No se sabe. ¿Pudo tratarse de un sabotaje? No se sabe. ¿Por qué los jueces, tan celosos de lo que hace el Gobierno, no investigan lo sucedido? No se sabe. Lo cierto es que aquello, en medio de la generalizada ofensiva contra el primer Gobierno de coalición de izquierda de la democracia y hoy el único progresista de Europa, adquirió un siniestro significado.

Manejos con la Benemérita

Un tercer elemento hay que tenerlo en cuenta. Quienes desde las bambalinas están utilizando, en su provecho, la información obtenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la corrupción, se han propuesto transformar la laboriosidad del benemérito Cuerpo en ariete político autónomo y sin apenas control, es decir en poder fáctico, benefactor objetivo de una opción política parcial, para que ajuste cuentas ¿con quién, para quién, para qué…?

Los medios

En cuanto al mundo mediático, sobre todo el más informal y menos profesional, el activado por la recua de tuiteros voluntariamente analfabetos que difunden mentira tras mentira sin prueba alguna aunque corroen famas y prestigios de personajes inermes ante su tóxica osadía, no debe olvidarse la erosión con la que hiere de muerte a la democracia cada día.

Esta salida a la superficie de los viejos o nuevos poderes fácticos es de una irresponsabilidad política inenarrable. Y ello porque, de consolidarse otra vez como tales poderes extrademocráticos, se aprestan a truncar de cuajo los avances sociales, en bienestar y en libertades, más el grado de desarrollo social y económico logrados por la ciudadanía española merced a políticas sociales progresistas y de libertades y derechos que los mentores de aquellos poderes fácticos quieren desmantelar. Y lo persiguen al protagonizar procesos de acoso y derribo como los que observamos desde hace siete años contra el Gobierno, que solo pueden deparar un deterioro irreversible de la convivencia entre españoles.

La corrupción, aliada de los poderes fácticos

El otro gran aliado de los poderes fácticos emergentes en España es la corrupción, bien como medio para conseguir sus propósitos, bien como fin en sí mismo. En unos casos, por ejemplo, los 30 procesos penales que tiene abiertos el Partido Popular y que comenzarán a juzgarse a partir de septiembre –de ahí la prisa de Feijóo y sus amigos al pedir elecciones ya, para evitar las consecuencias electorales de sus delitos– las instrucciones judiciales duran años y años. Incluso tantos como para que muchos de esos delitos prescriban. En otros casos, sobre todo si conciernen a la izquierda –casos de corrupción igualmente vomitivos, que también los hay–, las instrucciones de los togados son tan inmediatas que incluso culminan sin pruebas, con meros indicios o bien utilizando informes policiales como si se tratara de sentencias ya emitidas.

Enemigos del Estado democrático

Es preciso decir que esos poderes fácticos son enemigos del Estado democrático. Puesto que buscan la conjunción con otros y perpetran estrategias de la tensión que suelen culminar en inestabilidad social, latrocinios económicos, golpes de Estado, derrocamientos y toda una ristra de gravíimos daños sociales.

¿Qué hacer ante todo este vendaval antidemocrático, cuyas terminales, situadas allende el Atlántico, han asolado Europa aleccionando regímenes de extrema derecha reaccionaria, xenófoba, atroz con los migrantes y condescendiente con los genocidas?: resistir. Resistir es la palabra. Avanzar y profundizar en las conquistas democráticas logradas con tanto esfuerzo y tanta sangre por tantas generaciones de españoles indomables, vivos y muertos, que pugnaron por una España mejor. No transigir ante quienes caen en la tentación de abandonar la lucha, por denuncias policiales cuyos administradores las sesgan para desmontar no un Gobierno, sino toda la estela de avances sociales, económicos y políticos necesarios conseguidos para lograr que la vida española se desenvuelva en paz y en libertad.

Recientemente, un dirigente andaluz de la izquierda progresista de este país, señalaba que la apresurada –y a la postre ingenuaV dimisión del dirigente socialista portugués, Antonio Costa, por una denuncia policial-judicial que se demostró falsa, ha supuesto a Portugal la hegemonía de la derecha, la ubicación de la extrema derecha, Chega, en el segundo rango electoral contiguo al del Gobierno, el hundimiento de los socialistas a una tercera posición y la caída de la izquierda eco-comunista a una situación parlamentaria casi irrelevante. Y, todo ello, por tomarse en serio acusaciones no probadas, en definitiva, falsas.

La corrupción en la dirigencia orgánica del PSOE debe ser atajada con cirugía aseptizadora, cuando se prueben los indicios, a veces presumiblemente abrumadores, de su comisión. De momento, a los supuestamente corruptos se les ha apartado de funciones orgánicas y partidarias. Pero no se haga el juego a quienes durante estos siete años de Gobierno de centroizquierda han sido incapaces, desde la vociferante oposición y desde sus cómodas poltronas parlamentarias pagadas por todos, de idear, siquiera idear, un proyecto político alternativo para España. Solo han querido enrocarse en el insulto y el rencor, el mismo que les incapacita y paraliza para hacer cualquier otra cosa. Ni siquiera han descubierto que la corrupción recién denunciada en filas socialistas parece comprometer seriamente a uno de los portavoces más cercanos al propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionado subrepticiamente por una déspota iletrada que detenta un Gobierno regional. En un plis plas, la viabilidad de una moción de censura del Partido Popular contra el presidente Pedro Sánchez con catalanes o vascos, la única imaginable, se ha evaporado gracias a la obcecación de esa mujer por su negativa, tan afrentosa, a escuchar cómo se enuncian en el foro de presidentes regionales el euskera, el catalán o el gallego, lenguas cooficiales en España; eso da una idea de los mimbres anticonstitucionales sobre los que se asienta la alternativa política que esperaría a los españoles si se precipitara una convocatoria electoral en caliente, cuando late la indignación por lo supuestamente sucedido, ira que ciega toda ponderación política serena versada hacia el mantenimiento del bienestar del país en su conjunto.

Veamos si la inteligencia política se abre paso de la mano de una moralidad implacable contra los corruptos, con audacia democrática creativa y renovada, sin incurrir en la ingenuidad de dejar vía libre a los corruptores de siempre, aleccionados por los poderes fácticos antidemocráticos y antisociales otra vez, desgraciadamente, en presencia.