Las comunidades de propietarios podrán vetar los pisos turísticos en sus edificios

La nueva ley otorga a las comunidades de propietarios el poder de autorizar o vetar nuevos alojamientos turísticos con mayoría cualificada

A partir de hoy, las comunidades de vecinos tendrán voz y voto vinculante sobre el futuro de los pisos turísticos en sus inmuebles. La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal entra en vigor este jueves, otorgando a los residentes la capacidad de autorizar o vetar la instalación de nuevas viviendas de uso turístico dentro de sus edificios.

Una medida que busca recuperar la convivencia y frenar el descontrol generado por el auge de estos alojamientos en las grandes ciudades.

La reforma ha sido impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por Isabel Rodríguez, con el objetivo de «empoderar a los vecinos» y devolverles el control sobre un fenómeno que ha alterado el equilibrio de muchas comunidades.

Con la nueva normativa, ya no será necesario modificar los estatutos para rechazar un piso turístico. Bastará con una votación en junta en la que tres quintas partes de los propietarios, representando el mismo porcentaje en cuotas de participación, expresen su aprobación o rechazo, según informa Europa Press.

Adiós a los turistas sin consenso

Hasta ahora, las comunidades tenían pocas herramientas legales para frenar la proliferación de este tipo de alquileres. Con esta reforma, se blinda el derecho de los residentes a preservar su tranquilidad y decidir si quieren convivir con una actividad que, en muchos casos, genera molestias y dificulta el acceso a la vivienda.

Además de esta reforma, el Gobierno ha puesto en marcha un sistema paralelo para reforzar la legalidad de los alquileres de corta duración. Se trata de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, una plataforma nacional que obliga a los propietarios a registrar sus viviendas si desean alquilarlas por días o semanas.

Este sistema, que será plenamente operativo a partir de julio, ya ha comenzado a funcionar: en sus primeros 90 días se han presentado más de 18.000 solicitudes. De ellas, casi la mitad ya han sido aprobadas, mientras que un 11% han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos.

Con este nuevo marco legal, el Gobierno pretende garantizar que la actividad turística no se imponga sobre el derecho al descanso y a la estabilidad residencial. Las comunidades, ahora protagonistas, podrán blindar sus edificios frente a la presión turística.

El turismo no desaparece, pero se regula. Y desde este jueves, las decisiones se toman en casa.