El juez insiste en investigar el rescate de Air Europa en el caso sobre Begoña Gómez

El magistrado reabre la controversia con la Fiscalía al defender que ignorar posibles hechos delictivos relacionados con el rescate de la aerolínea podría constituir delito

El magistrado Juan Carlos Peinado, instructor del caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha vuelto a encender la polémica judicial al advertir que no investigar el rescate de Air Europa podría suponer un delito de prevaricación u omisión del deber de perseguir delitos. Así lo ha manifestado en una providencia conocida este lunes, en la que responde al reciente recurso del Ministerio Fiscal.

En el documento, Peinado sostiene que, pese a que la Audiencia Provincial de Madrid excluyó en 2024 hechos relativos a Globalia (matriz de Air Europa) de la instrucción, ese veto no puede aplicarse a hechos “nuevos y de signo incriminatorio” que pudieran haber surgido desde entonces. Por ello, rechaza detener las actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que actualmente ultima un informe sobre la documentación remitida por la SEPI respecto al rescate económico de la aerolínea, según una información de Europa Press.

La Fiscalía, por su parte, considera que Peinado está desoyendo de forma reiterada los pronunciamientos de la Audiencia Provincial. En su último escrito, el fiscal califica de “insólito” y “extraordinariamente grave” que el juez mantenga abierta esta línea de investigación, cuando dos autos —de mayo y octubre de 2024— dejaron claro que los hechos relativos a Air Europa no forman parte del procedimiento judicial.

Además, el Ministerio Público acusa al magistrado de mantener una “inacción” durante meses al no resolver su recurso previo y permitir que la UCO avanzara con el informe, cuya validez ahora se pone en duda.

Riesgo penal

Peinado, sin embargo, responde con contundencia: asegura que, como juez instructor, tiene la obligación legal de impulsar diligencias si existen indicios de hechos delictivos, incluso si estos afectan a personas o entidades ya excluidas formalmente del proceso inicial. En este sentido, afirma que negarse a pedir el informe a la UCO supondría “pasar por alto” posibles delitos y podría derivar en su propia responsabilidad penal, además de inducir a los agentes a incurrir en una omisión del deber de investigar.

La tensión entre el juzgado y la Fiscalía vuelve a evidenciar la complejidad del caso que afecta al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez, y en particular, al papel que jugó Begoña Gómez en la interlocución con empresas rescatadas en plena pandemia.

Por ahora, el foco está puesto en el informe de la Guardia Civil y en si finalmente será admitido en la causa, una decisión que podría marcar un punto de inflexión en la instrucción. La última palabra la tendrá la Audiencia Provincial, que podría intervenir de nuevo para zanjar un conflicto judicial que no deja de escalar.