El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha fijado este martes un plazo de dos días al PSOE para que entregue las relaciones que mantuvo con despachos de abogados, letrados y consultorías entre 2021 y 2025, después de que la formación ignorara este mismo requerimiento que el juez formuló el pasado 6 de octubre.
La providencia, dictada en el marco de las Diligencias Previas 150/2025, constata que el partido no ha dado respuesta alguna a la petición en casi medio mes.
El instructor justifica la reiteración en la falta de contestación: el requerimiento se renueva, dice la resolución, «visto el tiempo transcurrido» sin que el juzgado haya recibido nada del servicio jurídico de Ferraz.
La resolución ordena, además, librar el correspondiente despacho para ejecutar el requerimiento.
El requerimiento tiene dos partes. La primera es la «relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría» contratados por el partido, y abarca tanto a los órganos centrales como a los territoriales.
La segunda es el soporte documental de esos encargos: contratos, notas de encargo y justificantes de los servicios prestados.
El objetivo, según la propia causa, es examinar los encargos y los trabajos efectivamente prestados.
La primera petición se produjo después de la declaración como investigada de la gerente de la formación, Ana María Fuentes, y en un contexto político singular: Pedraz ordenó esa batería de diligencias el día después de que Pedro Sánchez convocara elecciones.
La relevancia de la documentación reclamada se explica por la tesis de los investigadores. Según recogen las actuaciones, Ana María Fuentes, como directora gerente federal del PSOE, habría sido la encargada, con la intermediación de Leire Díez y siguiendo directrices de Santos Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el partido utilizó facturas de letrados para hacer llegar dinero a la exmilitante socialista.
El PSOE habría canalizado fondos hacia Leire Díez mediante facturas de consultoría de dos abogados ahora investigados, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.
Leire Díez recibió primero 27.225 euros del despacho de Oliver; después, Teijelo cobró 125.000 euros del PSOE que, según el ministerio público, podrían haber sido el vehículo para remunerarla, aunque los pagos de él a ella no han quedado acreditados.
Antes, entre mayo y septiembre de 2024, Díez percibió 4.000 euros de Zaño Consultora, la sociedad de Gaspar Zarrías.
En conjunto, el auto atribuye al PSOE haber destinado 178.000 euros a esta presunta estructura dirigida a desacreditar a jueces como Beatriz Biedma, Mercedes Ayala y Juan Carlos Peinado.
El listado que ahora reclama Pedraz permitiría además despejar otra incógnita: si los abogados que asumieron la defensa de Koldo García y Santos Cerdán fueron pagados por el partido para contribuir a las maniobras atribuidas a Leire Díez.
El requerimiento se suma a las diligencias económicas ya en marcha. En la pieza separada abierta en julio, el juez libró mandamientos a doce entidades bancarias para rastrear los pagos, seis de ellas correspondientes a cuentas del PSOE.
Antes, en mayo, agentes de la UCO permanecieron doce horas en la sede de Ferraz recabando documentación sobre los pagos a Díez.
El partido ya tuvo que rectificar en otro frente judicial: reconoció ante el magistrado Arturo Zamarriego, instructor inicial del caso, que pagó casi 45.000 euros a Leire Díez antes de los hechos investigados, por trabajos para el PSOE de Cantabria.
El requerimiento llega mientras sigue abierta la decisión de mayor calado. Pedraz rechazó por ahora la petición del PP de investigar al partido por cinco presuntos delitos y mantiene al PSOE fuera de la causa como persona jurídica investigada, aunque las diligencias continúan abiertas.
La documentación de los contratos con despachos —o su ausencia— será una de las piezas que el instructor tenga sobre la mesa para volver a pronunciarse.
En la causa figuran como investigados, entre otros, el exsecretario de Organización Santos Cerdán, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.