Pedraz cierra la puerta a la Fiscalía Europea

El juez ordena contestar a la Fiscalía Europea que los hechos ya se investigan en la Audiencia Nacional y que cualquier petición pase por su juzgado

Los testigos de la agencia de medios del PSOE declaran que el partido impuso a Crónica Libre, pidió subirle 5.000 euros y nunca recibió métricas.

Una periodista cofundadora relata que el dinero socialista sirvió para frenar un artículo crítico.

La UCO también investiga cómo el exministro venezolano Nervis Villalobos obtuvo la nacionalidad española por la «ley de nietos»

El juez Santiago Pedraz ha incorporado a la causa sobre Leire Díez (Diligencias Previas 150/2025, Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza n.º 5) tres oficios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El más llamativo en lo institucional revela que la Fiscalía Europea (EPPO) se ha interesado por los hechos.

El de mayor carga probatoria contiene las declaraciones de seis testigos, prestadas en julio en Tres Cantos, que abren tres frentes: el contrato publicitario del PSOE con Crónica Libre, la nacionalidad española de Nervis Villalobos y el alquiler de un piso en la calle Diego de León de Madrid.

La Fiscalía Europea llama a la puerta

El 7 de julio de 2026, el fiscal europeo delegado en Madrid, Luis Miguel Jiménez Crespo, remitió un oficio a la UCO dentro de un procedimiento abierto por posibles fraudes comunitarios. Preguntaba si los hechos denunciados constaban en la causa española y si había fondos europeos afectados.

El origen es una denuncia de un particular ante la EPPO. En ella se pide evaluar si dinero vinculado a la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 pudo desviarse hacia actividades relacionadas con Leire Díez. La denuncia cita expresamente a Pedro Sánchez, a Leire Díez y al PSOE, aunque el propio denunciante precisa que no atribuye delito a nadie y que se basa solo en información pública.

La respuesta de Pedraz, en providencia del 23 de septiembre, es seca. Ordena a la UCO comunicar a la Fiscalía Europea que esos hechos «están siendo conocidos e investigados» por su juzgado en las Diligencias Previas 150/2025. Cualquier solicitud de información deberá dirigirse directamente al juzgado, citando la referencia del procedimiento. Es decir, el instructor reivindica su competencia y canaliza cualquier interés de Luxemburgo a través de su despacho.

Crónica Libre: el medio que eligió el PSOE

El núcleo del oficio son las declaraciones de tres empleados y un exempleado del grupo IKI, la agencia que gestionó la compra de publicidad del PSOE en las europeas de 2024, con un lote de medios de 600.000 euros IVA incluido. Los cuatro coinciden en lo esencial: Crónica Libre no fue una elección de la agencia. La directora de cuentas declaró que la lista de medios y el presupuesto asignado a cada uno los fijó el partido, a través de su área de comunicación. El exresponsable de negociación fue más allá: las condiciones con Crónica Libre, tanto el precio como el formato, se pactaron directamente con el PSOE, igual que con Demócrata, Multimedia Jienense y Espacio Andaluz, medios que la agencia «nunca» habría recomendado por su escasa entidad y porque no tienen medición de audiencia.

El PSOE asignó a Crónica Libre 20.000 euros. El medio facturó 14.980 euros netos (18.125,80 con IVA) por banners, megabanners y un «Brand Day» durante los catorce días de campaña, con la factura n.º 9008 emitida el 27 de mayo de 2024. Según su propia propuesta, era todo el espacio que tenía. Aun así, un correo de una responsable de comunicación del PSOE del 23 de mayo pedía a la agencia: «Tenemos que sacar otros 5.000 para Crónica Libre». La directora de cuentas declaró que ese aumento no estaba justificado porque el medio estaba «saturado». El exnegociador cree que finalmente no se ejecutó.

Los testigos subrayan otra anomalía. Crónica Libre nunca envió el informe de impresiones ni el de cierre de campaña, pese a que se le reclamaron por correo el 6 y el 12 de junio. El responsable de operaciones relató que Patricia López, directora del medio, le dio por teléfono una cifra aproximada de 107.000 impresiones que no pudo verificar y que se trasladó tal cual al informe final para el PSOE. A su juicio, el acuerdo entre el partido y el medio se cerró sin exigir un mínimo de impresiones, algo inusual. Preguntados por si el servicio estaba justificado, dos testigos respondieron que no. Uno lo calificó de «caro» para un soporte cuyo impacto no puede medirse.

«Búsqueda de pasta» y un artículo frenado

La quinta testigo, la periodista Nuria Coronado Sopeña, se presenta como socia fundadora de Crónica Libre. Sitúa a Leire Díez en la primera reunión de creación del medio, donde, según su relato, pidió formar parte del proyecto. Afirma que su función principal fue aportar contactos para la financiación. La UCO le exhibió mensajes del grupo de WhatsApp de los accionistas. En uno de ellos, del 26 de abril de 2024, Patricia López escribe: «Leire y yo hemos estado en la búsqueda de pasta». Los agentes le preguntaron además si ambas mencionaron haber estado en la sede de Ferraz el 24 o 25 de abril. Respondió que no.

El testimonio más delicado se refiere a junio de 2024. Coronado declaró que López frenó la publicación de un artículo suyo que afectaba al Ayuntamiento socialista de Alcorcón. Según su relato, la directora lo justificó porque habían entrado unos 15.000 euros del PSOE por la campaña europea de Teresa Ribera y el medio no podía publicar contra el partido. Añadió que Leire Díez le dijo que aquello no era censura. Los mensajes que envió esa noche al grupo, también incorporados, son explícitos: le parecía «increíble» que la entrada de dinero del PSOE condicionara la libertad de información. Coronado dejó de escribir en el medio y publicó el texto en otro lugar.

Villalobos: denegado dos veces, español por la «ley de nietos»

El primer testigo es el actual subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia. Fue interrogado sobre los expedientes de Nervis Villalobos, exministro de Energía venezolano con un largo historial de causas por blanqueo en España. La UCO le mostró correos de julio de 2020 con el asunto «expediente nacionalidad pregunta la Directora: Nervis Villalobos». Entonces la directora general era Sofía Puente Santiago. En ellos, la Comisaría General de Extranjería informaba con prisa de sus detenciones y de las medidas cautelares vigentes. La nacionalidad por residencia se denegó al día siguiente, el 17 de julio de 2020, y una segunda solicitud de 2024 corrió la misma suerte.

Sin embargo, el 21 de abril de 2025 la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública estimó un recurso del venezolano. Le reconoció el derecho a optar a la nacionalidad española de origen por la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, al acreditar un abuelo originariamente español. La propuesta la firmaba el propio testigo. Este explicó que esa vía se tramita en el Registro Civil con un sistema distinto y que la ley no permite consultar antecedentes penales ni policiales. Negó conocer a Villalobos, a Leire Díez, a Santos Cerdán y al abogado Ismael Oliver Romero, otro de los nombres de la causa. También negó haber recibido presiones. Reconoció haber accedido al expediente en mayo y junio de 2026, tras las informaciones periodísticas, y haber informado a la directora general de que todo se tramitó conforme a la norma.

El piso de Diego de León

La sexta testigo es la propietaria de una vivienda en la calle Diego de León, 36, de Madrid. Declaró que la alquiló por 2.900 euros más IVA al mes, entre enero y diciembre de 2024, a la sociedad Allies & Altera SL, que dijo querer usarla como despacho de abogados. Según el conserje, apenas había actividad. La testigo negó cualquier relación con Leire Díez.
La providencia también une un tercer oficio de la UCO, en el que solicita documentación relativa a declaraciones judiciales. Pedraz acuerda entregársela.