Entre otros aspectos, se amplía hasta 1983 -cinco años después de la Constitución- el reconocimiento de las víctimas de Derechos Humanos y su posible reparación económica.
Entre otros aspectos, se introduce la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia.