Entre otros aspectos, se amplía hasta 1983 -cinco años después de la Constitución- el reconocimiento de las víctimas de Derechos Humanos y su posible reparación económica.
Feijóo vende que ha conseguido una norma para que una mayoría de consenso nombre magistrados del Supremo y Tribunales Superiores, algo ya vigente y aplicado desde la reforma del LOPJ de diciembre de 2018 que impulsó el Gobierno de Sánchez.
Se espera que el acusado se acoja al derecho de especialidad y no declare puesto que Francia no acordó su entrega a España por los hechos investigados en esta causa.