El desahucio de la activista madrileña Paca Blanco, de 77 años, previsto para el 30 de noviembre, queda aplazado 60 días. Su abogada lo supo este miércoles en el juzgado, según Ecologistas en Acción.
La organización ecologista considera que la suspensión mantiene la amenaza. A su juicio, también alarga una incertidumbre que Paca soporta desde hace años.
Pide a las instituciones una solución definitiva y califica de maltrato institucional encadenar aplazamientos. Subraya el desgaste que supone para una persona mayor con un estado de salud delicado. Atribuye la suspensión a la presión popular.
Más de 150 organizaciones de toda España respaldan un manifiesto de apoyo a Paca, que ya frenó un intento de desahucio anterior. Sindicatos, movimientos de vivienda, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales anuncian que seguirán movilizándose hasta que tenga garantizada su permanencia.
Paca Blanco lleva más de una década en una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. Esta empresa quiere desahuciarla.
Se instaló en el piso que la empresa había adjudicado a su hijo. Cuando él se marchó, intentó subrogarse en el contrato.
Desde entonces ha tratado de que el Ayuntamiento de Madrid regularice su situación, sin éxito. Lo ha hecho a pesar de haber pagado el alquiler durante el último año.
Fuentes municipales explican que, con carácter general, la empresa solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos del contrato. Citan ocupaciones ilegales, cesiones, subarriendos o impagos repetidos durante años, con deudas de miles de euros.
Según el Ayuntamiento, así protege los derechos de los solicitantes inscritos que esperan una vivienda y el patrimonio municipal. Añade que la subrogación solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales.
Los colectivos de apoyo replican que la solución está al alcance del Ayuntamiento y de la empresa. Consiste en retirar el desahucio, reconocer su derecho a la subrogación y garantizar un alquiler social adecuado a sus ingresos.
Paca es una referente en las luchas sociales, ecologistas, feministas y por el derecho a la vivienda. Su trayectoria incluye el ecologismo, la lucha antinuclear y el movimiento por la vivienda. También está marcada por la precariedad y la persecución política.
De joven sufrió el internamiento forzado en instituciones del Patronato de Protección a la Mujer, del franquismo.
Años después fue expulsada de su vivienda en El Gordo, en Extremadura. Entonces coordinaba Ecologistas en Acción en la zona y lideraba la campaña contra el complejo turístico de lujo Marina de Valdecañas.