Más de una treintena de personas detenidas en las protestas universitarias de Buenos Aires

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad dejan al menos ocho agentes heridos, destrozos millonarios y denuncias cruzadas entre el Gobierno e instituciones académicas

Al menos 31 personas han sido detenidas en Buenos Aires tras los altercados registrados al término de la quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización multitudinaria que exige al Ejecutivo argentino el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La Policía de la Ciudad arrestó a seis manifestantes —incluidos dos menores—, mientras que las autoridades nacionales detuvieron a otras 25 personas en los accesos a la estación de tren de Constitución.

Las fuerzas de seguridad hicieron uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar los altercados. El balance oficial refleja ocho agentes heridos pertenecientes a la Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura Naval, además de daños al mobiliario público valorados por la administración porteña en unos 90 millones de pesos. Entre los afectados por la actuación policial figuran varios diputados que se encontraban cerca del anexo de la Cámara de Diputados.

Ante los hechos, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que quienes agredan a los efectivos o destruyan bienes públicos responderán ante la Justicia, confirmando que su departamento trabaja en una denuncia penal por delitos de resistencia a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

Más de un millón de personas

Por su parte, las organizaciones convocantes —como el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la FUA y el CIN— repudiaron enérgicamente la represión policial, la cual obligó a suspender el acto central. Los organizadores aseguraron que más de un millón de personas se movilizaron de forma pacífica en todo el país y acusaron directamente al Gobierno de haber tomado la decisión de reprimir.

Las entidades académicas recalcaron que el despliegue de las fuerzas de seguridad confirma que la falta de aplicación de la ley de financiamiento no responde a una falta de recursos, sino a una decisión política. Asimismo, ratificaron que continuarán con las medidas de protesta hasta que el Poder Ejecutivo cumpla con la normativa aprobada por el Congreso.