Más de 80 organizaciones piden el fin de actividades comerciales en los asentamientos israelíes en Cisjordania

Supone «una contribución directa a la negativa del derecho de los palestinos a la autodeterminación» y a múltiples abusos en Cisjordania

Más de 80 organizaciones de la sociedad civil reclamaron este lunes el fin de las actividades comerciales y económicas de empresas internacionales en los asentamientos israelíes en Cisjordania. Denuncian que estas prácticas alimentan la crisis humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados, mientras continúan los proyectos de construcción de colonias.

El informe Las actividades comerciales con los asentamientos ilegales: cómo los Estados y empresas extranjeras habilitan la empresa ilegal de asentamientos de Israel sostiene que «el proyecto de asentamientos ilegales de Israel ha fragmentado Cisjordania y destruido la economía palestina, causando una pobreza y un sufrimiento generalizados».

El texto recuerda que, «a pesar del devastador impacto humanitario y la ilegalidad de los asentamientos israelíes bajo el Derecho Internacional, los Estados extranjeros siguen apoyando los asentamientos». Mientras que la Unión Europea y sus Estados miembro «representan el principal bloque comercial de Israel», y que «las políticas de estos Estados siguen apoyando financieramente y normalizando la economía de los asentamientos».

Según el informe, recogido por Europa Press, estos países, actuando «en violación del Derecho Internacional», «sostienen los asentamientos israelíes al importar bienes producidos en ellos y permitiendo que las corporaciones bajo su jurisdicción operan en ellos y comercien con los asentamientos ilegales». Esto supone «una contribución directa a la negativa del derecho de los palestinos a la autodeterminación» y a múltiples abusos en Cisjordania.

El documento subraya que «la ilegal ocupación militar israelí y el aumento de la economía de los asentamientos han devastado las comunidades palestinas». Denuncia que los palestinos sufren «discriminación sistemática y violaciones de los Derechos Humanos», con impactos graves sobre niños, mujeres y ancianos.

La violencia de colonos contra comunidades palestinas es, según el informe, «generalizada, incluyendo ataques físicos, acoso, destrucción de tierras de cultivo y ataques contra olivares y otros cultivos que sustentan a miles de familias». Estos ataques ocurren «a menudo con impunidad», en un contexto de repunte de la violencia tras el 7 de octubre de 2023, según recoge Europa Press.

El sistema legal israelí «aplica un marco legal separado y desigual para los palestinos y los colonos que viven en el mismo territorio ocupado». La pobreza en Cisjordania «ha aumentado de forma significativa», especialmente en las zonas cercanas a los asentamientos y en el Área C, bajo control total israelí.

En contraste, «los asentamientos y las industrias en los asentamientos reciben subsidios lucrativos, beneficios impositivos y tratamiento preferencial del Gobierno israelí». Estos beneficios se refuerzan gracias a lazos comerciales con países y empresas extranjeras, lo que «ha apoyado y ayudado a facilitar la crisis humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados».

Empresas señaladas

El documento cita a la alemana TUI, conglomerado turístico que organiza visitas a asentamientos, incluida una excursión en «autobús blindado» por Hebrón (Cisjordania). Denuncia el texto:

«La prestación de servicios relacionados con el viaje, el turismo y el alojamiento en asentamientos israelíes ha contribuido o sigue contribuyendo a violaciones de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados y a la normalización y arraigo de la ocupación»

Menciona también a JC Bamford Excavators (JCB), con sede en Reino Unido, cuyos equipos son utilizados para demoliciones de viviendas, destrucción de cultivos y construcción de asentamientos.

Asimismo, la alemana Siemens aparece señalada por suministrar equipos y servicios de transporte vinculados a colonias. Carrefour, en Francia, mantiene un acuerdo con Yenot Bitan para fabricar y vender productos en Israel, con presencia en nueve tiendas en los Territorios Palestinos Ocupados.

El banco británico Barclays habría concedido más de 18.000 millones de dólares en préstamos y servicios a empresas relacionadas con asentamientos entre 2021 y 2024. Solo lo superan BNP Paribas y HSBC.

Maersk, desde Dinamarca, transportó mercancías para cuatro compañías incluidas en la base de datos de Naciones Unidas sobre actividades en asentamientos. La española eDreams Odigeo, junto a su filial Opodo, ofrecía hoteles en asentamientos de Cisjordania.

Tanto Maersk como eDreams anunciaron cambios de política tras recibir el informe. Opodo retiró las ofertas de alojamiento y eDreams aseguró que su política es no incluir estos servicios, aunque algunos aparecieron porque fueron subidos directamente por los propietarios.

Campaña para el fin de estas actividades

Las organizaciones lanzaron este lunes una campaña para exigir a los Estados que prohíban el comercio con asentamientos ilegales. Señalan que esta obligación «está firmemente arraigada en el Derecho Internacional», citando un fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2024 que recuerda que los Estados no deben reconocer, ayudar o apoyar la ocupación.

Afirma el documento:

«Poner fin al comercio con los asentamientos no debe ser visto solo como una necesidad legal y moral en sí misma, sino como un paso clave a la hora de abordar unas violaciones estructurales más amplias»

El informe insta a los países a «adoptar y apliquen legislación que prohíba explícitamente el comercio con los asentamientos, incluida la provisión de servicios e inversiones». También pide a la UE suspender el Acuerdo de Asociación con Israel y revisar su contenido para «prohibir explícitamente la importación de bienes» de los asentamientos.

Sugiere además que los acuerdos bilaterales incluyan la prohibición a instituciones financieras y bancos de invertir en compañías que operen en colonias. Exige «pasos para identificar y evitar todo tipo de apoyo (…) que ayude o asista el mantenimiento de la ocupación ilegal israelí del territorio palestino» y propone «pasar la carga de la prueba a la hora de determinar los orígenes de los bienes israelíes de las agencias de aduanas a los exportadores israelíes».

Por último, pide a las empresas reforzar la supervisión en zonas de conflicto, «cubriendo la totalidad de la cadena de valor y no estar limitada a las relaciones empresariales». Así como reclamar que mantengan contactos «significativos» con las poblaciones afectadas.