Luz verde al inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña con un presupuesto de 475 millones

Los trabajos, que se prolongarán hasta 2033, prevén contar con 350 personas trabajando de forma simultánea

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, proceso que se prolongará hasta 2033 y que tiene un presupuesto de 475 millones de euros.

El Gobierno ha publicado la orden ministerial por la que se inicia el procedimiento y también se autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor -empresa formada por Iberdrola y Endesa- a Enresa, responsable del desmantelamiento, que tendrá lugar en los próximos días.

En concreto, el proyecto -informado favorablemente en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear- consta de dos fases, que abarcan hasta 2033 y prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea con un presupuesto de 475 millones de euros,

En la fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.

Posteriormente, en la fase 2 (2027-2033), ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento.

Se inauguró en 1971 en el Valle de Tobalina (Burgos)

Situada en el Valle de Tobalina (Burgos), Garoña tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola.

En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014. Finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En 2020 el Instituto para la Transición Justa empezó a trabajar en los 27 municipios donde se han identificado impacto en el empleo y en la renta tras el cierre de la central, de acuerdo con el Plan de Acción Urgente de la Estrategia de Transición Justa para las zonas en las que se habían producido cierres de instalaciones sin planes de reactivación.

En mayo de 2021, el gabinete dirigido por Teresa Ribera, la Junta de Castilla y León; el Gobierno Vasco y los municipios -por medio de la FEMP y AMAC-, firmaron el protocolo de actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Garoña por el cierre de la central.

El ITJ ya ha adjudicado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para reactivar la zona, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; son de índole sociosanitaria, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental y de gestión de biomasa.

Se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos. Por otro lado, se están tramitando líneas de ayudas a empresas y pequeños proyectos de inversión, que se resolverán a final de año, a las que se han presentado proyectos de la zona.