Los sindicatos policiales piden investigar todo el operativo del desahucio de Maricarmen: «No podemos juzgar su actuación por unos segundos de vídeo»

Los sindicatos SUP y Jupol defienden que los agentes de la UIP actuaron para cumplir una resolución judicial y reclaman que la investigación tenga en cuenta las órdenes recibidas, las circunstancias del dispositivo y las grabaciones completas

Los sindicatos de la Policía Nacional han respondido a las críticas por la actuación de los agentes antidisturbios durante el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que residía de alquiler en el barrio madrileño del Retiro. El SUP ha defendido que los policías acudieron para garantizar el cumplimiento de una resolución judicial y ha reclamado que se investigue cualquier posible irregularidad.

El sindicato ha pedido que la investigación anunciada por la Delegación del Gobierno en Madrid no se limite a las imágenes difundidas. «Entendemos perfectamente la dureza de las imágenes y que se investigue cualquier posible irregularidad», ha señalado, aunque ha reclamado que se escuche también a los agentes y se analicen «las grabaciones completas».

El SUP ha insistido en que la actuación policial debe valorarse teniendo en cuenta el conjunto del operativo. «No podemos exigir a los agentes que cumplan una resolución judicial y después juzgar su actuación exclusivamente por unos segundos de vídeo», ha afirmado. El sindicato también ha defendido que los policías tienen «derecho a la presunción de inocencia y a todas las garantías legales».

Presuntos golpes

Las críticas surgieron después de que el Sindicato de Inquilinas, activistas, ciudadanos y representantes políticos denunciaran presuntos golpes y el uso de espray policial durante el intento de impedir el desahucio. El SUP ha reclamado una «investigación rigurosa» y ha recordado que la Policía Nacional no decide directamente los desahucios, sino que interviene para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Por su parte, Jupol ha acusado al Gobierno de intentar «lavarse las manos» respecto a la responsabilidad sobre el operativo. El sindicato ha cuestionado que la Delegación del Gobierno defendiera inicialmente que los agentes actuaban bajo el mandato de la comisión judicial y que posteriormente anunciara una investigación sobre posibles excesos policiales tras reconocer que algunas imágenes del dispositivo no habían gustado.

Jupol ha reclamado que cualquier posible irregularidad se examine «valorando el dispositivo en su conjunto, no solo imágenes de una de las partes, editadas y sesgadas». El sindicato considera que también deben analizarse «la situación existente, las órdenes impartidas y las circunstancias que provocaron cada intervención», mientras los sindicatos policiales recuerdan que los dispositivos de la UIP han sido objeto de controversia en otras actuaciones.