Los decretos que explican por qué Maricarmen perdió su casa

Dos normas de las últimas décadas cambiaron las reglas de la renta antigua

Maricarmen Abascal fue desahuciada este miércoles a los 87 años. Vivía desde hacía más de 70 años en un piso de la calle Sainz de Baranda, en Madrid.

Su familia firmó aquel alquiler en 1956, bajo la figura conocida como renta antigua. Sin embargo, las reglas de esos contratos cambiaron en dos momentos clave ya en democracia.

El primer cambio llegó en 1985, con el llamado decreto Boyer. El segundo se produjo en 1994, con la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos.

Qué cambió el decreto Boyer

El Real Decreto-Ley 2/1985 entró en vigor el 9 de mayo de ese año. Supuso una transformación radical en el modelo de arrendamientos urbanos en España.

Antes de esta norma, la Ley de 1964 obligaba a prorrogar los contratos a voluntad del inquilino. El decreto Boyer sustituyó ese sistema por la libertad de pactar la duración entre ambas partes.

Los contratos anteriores a esta fecha, como el de Maricarmen, conservaron su régimen legal original. Esa excepción resultó clave para explicar lo ocurrido casi 40 años después.

El giro de la Ley de 1994

La Ley 29/1994 marcó el fin definitivo de los alquileres de renta antigua en España. Buscaba equilibrar los derechos entre propietarios e inquilinos, tras décadas de regulación distinta.

Esta norma mantuvo cierta protección para los contratos previos al decreto Boyer de 1985. Sin embargo, introdujo límites importantes a la subrogación, es decir, a la cesión del contrato.

A partir de entonces, seguir viviendo en la misma casa ya no bastaba para heredar el alquiler. El derecho pasó a depender del parentesco, la convivencia y las subrogaciones previas ya realizadas.

Reformas posteriores hasta la Ley de Vivienda

La Ley de 1994 sufrió varias modificaciones en las últimas décadas. Las más relevantes llegaron mediante el Real Decreto-Ley 21/2018 y el Real Decreto-Ley 7/2019.

La reforma más reciente fue la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Esta norma modificó las prórrogas, la renta y los gastos generales de los contratos vigentes.

También introdujo el concepto de zonas de mercado residencial tensionado en España. Reforzó, además, la posición del inquilino frente a los grandes tenedores de vivienda.

La moratoria que no llegó a tiempo

En febrero de este año, el Consejo de Ministros aprobó prorrogar la moratoria de desahucios hasta diciembre de 2026. La medida protegía a familias vulnerables sin alternativa habitacional, y habría evitado el desahucio de Maricarmen.

Sin embargo, PP, Vox y Junts votaron en contra de esa prórroga en el Congreso. La moratoria quedó así sin efecto antes del desahucio de esta semana.

Argumentos de la oposición y la abstención socialista

PP, Vox y Junts alegaron que la moratoria exigía «medidas estructurales, no parches que perpetúan la escasez». También argumentaron que ahuyentaba a los propietarios particulares del mercado y que invadía competencias autonómicas.

Días antes, el 15 de septiembre, el Congreso había rechazado además una proposición de Sumar para limitar la compra de vivienda por parte de fondos de inversión. En esa votación, el PSOE se abstuvo, y la iniciativa no llegó a tramitarse.

A finales de julio, PSOE y Sumar habían anunciado ya un nuevo decreto con el mismo objetivo que la moratoria. La falta de apoyos parlamentarios obligó a retrasar su tramitación hasta el mes de septiembre.