La exmilitante socialista Leire Díez ha solicitado la nulidad de dos grabaciones que constituyen pruebas centrales en la investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho. Los audios corresponden a reuniones mantenidas con un empresario y un fiscal, en las que, según la causa, se solicitó información sensible de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. En esos encuentros, Díez se presentó como enviada del PSOE o de “altas instituciones del Estado”, un elemento que ha reforzado la gravedad de la investigación.
Este lunes, el juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, ha tomado declaración tanto a Díez como a su socio, Javier Pérez Dolset, también investigado. Durante la comparecencia, el magistrado ordenó reproducir una de las grabaciones, la realizada por el fiscal Ignacio Stampa. Según fuentes jurídicas, el audio se ha escuchado íntegramente en sede judicial para valorar su validez y su relevancia en la instrucción, tal y como recoge Europa Press.
La primera de las reuniones cuestionadas se produjo en febrero de 2025 de manera telemática. En un despacho del abogado Jacobo Teijelo se encontraban Díez, Dolset y el propio letrado, mientras que al otro lado de la conexión estaba Alejandro Hamlyn, empresario investigado por fraude en hidrocarburos y actualmente fugado en Dubái. Según la causa, Díez habría ofrecido a Hamlyn un trato favorable de la Fiscalía a cambio de información sobre el teniente coronel Antonio Balas, quien dirige el caso Koldo desde la UCO.
En su escrito, la defensa de Díez sostiene que la grabación filtrada a los medios constituye una “intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad”, además de vulnerar el honor, la protección de datos y el secreto profesional del abogado Teijelo. Por ello, solicita que el juez declare la nulidad de este material, al considerarlo obtenido sin garantías y fuera de un marco legal adecuado.
El segundo encuentro bajo revisión involucra a Díez, Dolset, el empresario Luis del Rivero y el fiscal Ignacio Stampa. La defensa pide anular los audios grabados por Stampa tanto durante esa reunión como en una llamada posterior. La abogada de Díez, Eva María Bejarano, afirma que dichas grabaciones “son nulas de pleno derecho” porque fueron realizadas por un fiscal en el marco de una “investigación extraprocesal y prospectiva”.
En el audio, de más de tres horas, se escucha a Díez asegurar que ella es quien “ha puesto el PSOE” para “limpiar” instituciones como la Guardia Civil o Anticorrupción, mientras que Dolset afirma que la iniciativa provino del presidente del Gobierno tras la imputación de su esposa.
Por su parte, Javier Pérez Dolset también ha presentado un escrito en el que se afirma víctima de una “investigación prospectiva”. Su defensa solicita anular el audio de la conversación con Hamlyn y limita los hechos imputados al encuentro con Stampa. La letrada Sabina Sánchez sostiene que el fiscal “no ha concretado ningún hecho susceptible de relevancia penal” respecto a Dolset, insistiendo en que la instrucción carece de foco y se basa en conjeturas más que en hechos jurídicamente relevantes.