La lista de espera del sistema de atención a la dependencia ha crecido en el primer semestre de 2025 por primera vez en una década, con 286.861 personas aguardando y una demora media que asciende a 342 días. La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales alerta de un preocupante «cambio de tendencia», rompiendo con la mejora progresiva desde 2015. Con el ritmo actual, aseguran, se tardarían 94 años en atender completamente la demanda.
El informe del Observatorio Estatal para la Dependencia revela que más de 136.000 personas esperan ser valoradas, casi 124.000 aguardan la elaboración de su Plan Individual de Atención (PIA), y cerca de 27.000 ya tienen aprobado el plan pero siguen sin recibir la prestación correspondiente. Cuatro comunidades han registrado aumentos superiores al 20% en su lista de espera: Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana.
Cataluña, Madrid y Valencia lideran el crecimiento absoluto de personas en espera, mientras Galicia, Castilla y León y Navarra encabezan las reducciones. Aunque el número de personas con derecho a prestación ha subido un 3,2%, siguen existiendo fuertes desigualdades entre comunidades. Canarias, Galicia y Asturias aumentan, mientras Cantabria, La Rioja y Valencia apenas crecen o incluso retroceden.
El «limbo de la dependencia» —personas con derecho reconocido pero sin prestación efectiva— sigue afectando a muchas regiones, especialmente Canarias, País Vasco, Cataluña y Extremadura. Más de la mitad de quienes se encuentran en este limbo viven en Cataluña, Andalucía y Canarias. Solo cuatro comunidades y Ceuta y Melilla cumplen con los plazos legales de tramitación (180 días), mientras que otras como Andalucía, Murcia y Canarias los superan con creces.
En lo que va del año han fallecido 8.004 personas en lista de espera, es decir, una cada 15 minutos. Casi la mitad de los desatendidos son personas con Grado II o III, es decir, con necesidades de ayuda intensiva. Las cuantías de las prestaciones también muestran desigualdades territoriales, con importes que oscilan entre 169 y 385 euros mensuales según el grado, y ayudas vinculadas al servicio que se consideran insuficientes.
Por último, los responsables del informe critican tanto a los gobiernos autonómicos como al Ministerio por un discurso «triunfalista» que, aseguran, no se corresponde con la realidad. Denuncian el recorte de plazas en residencias y centros de día, así como la paralización del aumento de financiación estatal en 2024, lo que habría limitado la calidad y cobertura del sistema de dependencia a pesar del crecimiento en número de beneficiarios.