Las cárceles peruanas están al borde del colapso por el problema de hacinamiento

El gobierno peruano anunció en noviembre de 2023 el cierre temporal de ciertos penales y la concesión de beneficios penitenciarios a internos con buena conducta

En mayo próximo, se cumple el plazo de cinco años otorgado por el Tribunal Constitucional (TC) para que el Estado peruano resuelva el crítico problema de hacinamiento en las cárceles del país. Esta situación, declarada inconstitucional en 2020, afecta gravemente los derechos fundamentales de los internos y pone en evidencia la urgencia de implementar soluciones efectivas, según detalla El Comercio. ​

Actualmente, el sistema penitenciario peruano alberga a más de 94,000 reclusos, pese a que su capacidad es de apenas 41.000, lo que representa una sobrepoblación superior al 54%. Penales como el de Sarita Colonia, en el Callao, diseñado para 572 internos, alberga a más de 3.300, evidenciando un hacinamiento del 488%.

La sentencia del TC no solo instaba al Ejecutivo a tomar medidas para reducir la sobrepoblación, sino que también advertía sobre el posible cierre de los penales más afectados si no se cumplía con las disposiciones. Sin embargo, a pocas semanas de vencer el plazo, las acciones implementadas parecen insuficientes para revertir la crisis. ​

En respuesta, el gobierno anunció en noviembre de 2023 el cierre temporal de ciertos penales y la concesión de beneficios penitenciarios a internos con buena conducta, buscando aliviar la presión sobre el sistema. No obstante, expertos y organizaciones de derechos humanos consideran que estas medidas son paliativas y no abordan las causas estructurales del problema.

La congresista Norma Yarrow solicitó recientemente al TC un informe detallado sobre el cumplimiento de la sentencia, subrayando la necesidad de una supervisión más estricta y de acciones concretas por parte de las autoridades competentes.

Con el plazo a punto de expirar, el Estado peruano enfrenta el desafío de implementar soluciones integrales que garanticen los derechos humanos de los internos y mejoren las condiciones del sistema penitenciario, evitando así posibles sanciones y el cierre de establecimientos carcelarios.