El carnet asegura condiciones especiales y trato preferente en los 27 Estados del continente
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han llegado este jueves a un acuerdo político para la creación de una nueva Tarjeta Europea de Discapacidad. Esta tarjeta ha sido pensada para reforzar los derechos de quienes la posean cuando viajen dentro de la Unión Europea y que se garantice su acceso a condiciones especiales y un trato preferente, por ejemplo en el transporte o para asistir a espectáculos.
De este modo, la tarjeta se emitirá en un plazo máximo de 60 días y se reconocerá en toda la Unión Europea como título para acceder a las condiciones especiales de que disfruten ya los nacionales del lugar de destino, en los servicios públicos y privados, como en el transporte, eventos culturales, museos, centros deportivos o parques de atracciones.
El carnet será expedido por las autoridades nacionales competentes y servirá de complemento a las tarjetas o certificados nacionales existentes. Asimismo, seguirán siendo las autoridades nacionales las competentes para conceder el estatus de persona con discapacidad.
La Tarjeta Europea de Discapacidad se dispondrá tanto en formato físico como digital y los proveedores de servicios deberán informar en formato accesible de las condiciones que se ofrecen a los titulares de dicha tarjeta.
En este sentido, la normativa comunitaria va a permitir también una mejora de la actual Tarjeta Europea de Estacionamiento, que deberá tener un formato común obligatorio en toda la UE que sustituirá a las tarjetas de estacionamiento nacionales para las personas con discapacidad y será reconocida en toda la UE.
La tarjeta de estacionamiento deberá ser expedida en un plazo de 30 días, aunque los eurodiputados abogan por incluir la opción de solicitar una versión digital disponible en 15 días. La tarjeta de discapacidad, tendrá que incorporar un código QR para evitar falsificaciones, al igual que la de aparcamiento.
La nueva normativa necesita todavía obtener el beneplácito del pleno de la Eurocámara y del Consejo para ser adoptada de manera formal. Cuando esto ocurra dará un plazo de dos años y medio a los Estados miembro para adaptar sus legislaciones nacionales y tres años y medio para aplicarla.