Hoy: 25 de noviembre de 2024
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado una “participación preeminente” del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en hechos que desembocaron en una presunta filtración investigada a raíz de una querella presentada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
En un informe al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes detallan de forma cronológica las comunicaciones entre la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, y otros miembros de la Fiscalía relacionadas con los hechos bajo investigación.
La pesquisa, supervisada por el Tribunal Supremo, se ha centrado en las comunicaciones registradas entre el 8 y el 14 de marzo, siguiendo el plazo establecido por el juez instructor.
La investigación de la UCO concluye que entre las 21:59 y las 23:51 horas, cuando se produce la filtración investigada, solo un grupo reducido de personas tuvo acceso a los correos entre la Fiscalía y la defensa, así como al conocimiento de que el Ministerio Público estaba preparando un comunicado y del momento aproximado en que sería publicado. Estas circunstancias iniciales se sitúan exclusivamente en el ámbito de la Fiscalía, restringiéndose a altos cargos como la Fiscalía General del Estado y otras instancias fiscales relevantes.
El informe señala que la elaboración de la nota de prensa partió de la Fiscalía General, bajo la dirección del fiscal general Álvaro García Ortiz, quien lideró las órdenes para responder a informaciones publicadas en la prensa. La ejecución de estas instrucciones se canalizó a través de la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, quien gestionó la información proporcionada desde la Fiscalía Provincial.
Según los investigadores, la persona que filtró la información sabía que, aunque la nota era elaborada por la Fiscalía General, la divulgación se haría a través de la Fiscalía de Madrid. No obstante, la identidad precisa de quienes apoyaron al fiscal general en la redacción y filtración de la nota aún no ha podido determinarse con la información disponible.
Finalmente, ante la “participación preeminente” del fiscal general en los hechos investigados, la UCO ha solicitado acceder a la información incautada en el registro de su despacho realizado el 30 de octubre. El juez instructor, Ángel Hurtado, ha autorizado esta medida para avanzar en las pesquisas.