La UCO acredita que la asesora de Begoña Gómez realizó «gestiones» desde la Moncloa con empresas para financiar los negocios de la esposa del presidente

El juez Juan Carlos Peinado ha reclamado al Instituto de Empresa (IE) que aporte a la causa los más de 200 correos electrónicos que intercambió con Cristina Álvarez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado un informe al juez Juan Carlos Peinado en el que documenta «gestiones» que Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, habría realizado con entidades para financiar la cátedra que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Los correos de la asesora de Moncloa con la UCM acreditan que Álvarez se encargaba de forma constante de los negocios privados de Begoña Gómez. En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores analizan los correos electrónicos aportados al juez por el que fuera vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, en los que se comunica con la asesora de Gómez.

Y señalan que, entre «las diferentes gestiones en las que intercedería Álvarez y que se observan en los correos, cabe destacar los contactos mantenidos con diferentes instituciones que colaborarían con la cátedra».

Programas de formación

Entre esos correos, la UCO recoge uno que la asesora dirige a Doadrio y en el que «aporta borrador de acuerdo con Mindway, en relación con programas de formación llevados a cabo por la citada sociedad en el marco de la cátedra», haciendo «hincapié en la intención de establecer cláusulas».

Álvarez trasladó a Doadrio que, «en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10 por ciento a la Cátedra de TSC», Transformación Social Competitiva. «Y por otro lado que no pueda utilizar los contenidos, la generación de vídeos, píldoras, ejercicios ni estructura del máster en caso de rescisión o resolución de contrato por cualquiera de las partes, incluida la UCM», según se lee en el correo, fechado el 16 de febrero de 2022.

Además, los investigadores «recapitulan otras gestiones, con vinculación a la relación de Gómez con la Cátedra», pero que transcienden de los contactos con los patrocinadores y que se podrían considerar, indican, como «cuestiones más puntuales».

Entre ellas mencionan una consulta sobre el límite salarial a personal no vinculado al sector público, la organización de un congreso, la presentación de un curso de verano en el marco o la solicitud de una reunión con la Asesoría Jurídica de la UCM.

Más de 200 correos

El juez Juan Carlos Peinado ha reclamado al Instituto de Empresa (IE) que aporte a la causa los correos electrónicos que intercambió con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, mientras la esposa del presidente del Gobierno estuvo al frente del África Center -dependiente del IE- para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los analice.

Así lo ha acordado el instructor en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que reclama que se entreguen dichos ‘emails’ al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid «a la mayor brevedad posible».

Peinado ha ordenado dicha diligencia en el marco de la rama del procedimiento en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta ha desempeñado funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo.

Pieza principal

Aunque en un principio, y en el marco de la pieza principal, el juez también investigó al directivo del IE Juan José Güemes por la contratación de Begoña Gómez, la Audiencia Provincial de Madrid levantó la imputación y ordenó dejar fuera del procedimiento todo lo relativo al África Center.

No obstante, en esta ocasión, el juez reclama los correos intercambiados entre el IE y Cristina Álvarez en la rama de investigación en la que indaga si la asesora de Moncloa realizó funciones privadas para la esposa de Pedro Sánchez.

Correos de Presidencia

En esta pieza separada, el juez ya cuenta también con «los correos electrónicos aportados por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio», con las comunicaciones entre la casa de estudios y la asesora de Begoña Gómez.

Fuentes jurídicas avanzan que se trata de más de 200 ‘emails’, pero que solo 121 aluden a cuestiones de agenda y asuntos relacionados con la cátedra que codirigía Gómez, al tiempo que aseguran que no revelarían malversación alguna. Dichos correos se encuentran en sede judicial desde el pasado día 16 de septiembre; la UCO tiene pendiente analizarlos y presentar informe.

Asimismo, el juez está a la espera de que Presidencia entregue al juzgado todos los correos recibidos y enviados por Begoña Gómez a través su cuenta oficial de Moncloa desde julio de 2018, cuando se realizó la designación de Álvarez. La Fiscalía y las defensas han recurrido esta diligencia ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Prorrogar la investigación

Al margen, Peinado ha dictado otra providencia, a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, en la que solicita a la Fiscalía, a las acusaciones populares y a las defensas que presenten sus alegaciones sobre la pertinencia o no de prorrogar el plazo de investigación en lo que refiere a la pieza principal de la causa, en la que se investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.

El juez ha pedido opinión a las partes a petición de la acusación popular dirigida por Hazte Oír, que solicitó que, «en base al artículo 324 de la Ley de Enjuciamiento Criminal, se acuerde la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la investigación».

Su condición de esposa

Cabe recordar que el juez empezó a investigar en abril de 2024 una denuncia en la que Manos Limpias acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas.

Desde entonces, Peinado ha ido abriendo nuevas ramas de investigación, como la relativa al registro del ‘software’ de una cátedra de la UCM que codirigía Gómez y la de la contratación de Álvarez. Esta última, sin embargo, es la única que se investiga en una pieza separada.