La regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno español ha generado un clima de esperanza entre miles de personas migrantes en situación irregular, al abrir la puerta a la autorización inmediata para trabajar y a una mayor estabilidad familiar. Para Nicolás, ciudadano peruano residente en Santiponce (Sevilla), esta medida supone “luz” tras años marcados por la precariedad y la incertidumbre administrativa.
Nicolás llegó a España en abril de 2023 junto a su mujer y sus dos hijos, huyendo de amenazas en su país de origen. Desde entonces, la familia se ha enfrentado a trabajos informales, largos procesos de arraigo y una burocracia que describe como “terrible”, que les ha impedido acceder con normalidad a derechos básicos y a ayudas educativas para sus hijos. “Hay bastante expectativa”, reconoce, al valorar el nuevo anuncio del Ejecutivo.
La situación fue especialmente dura para su esposa, que no podía trabajar ni siquiera de forma irregular, lo que agravaba la presión económica del hogar. Frente a ello, el nuevo procedimiento permite acceder de manera inmediata a la autorización laboral, eliminando las largas esperas del antiguo arraigo. “Ya con la autorización para trabajar, ya se quita la presión”, explica Nicolás, subrayando el alivio que supondría para muchas familias.
En su caso, la decisión de acogerse a la regularización no es sencilla. Él y uno de sus hijos ya han iniciado trámites de arraigo, por lo que empezar de nuevo implicaría asumir más costes en tasas y documentación. Su mujer, sin embargo, sí prevé acogerse a esta vía, al considerarla más “ágil y simple” que los procedimientos ordinarios.
Nicolás también denuncia la falta de información clara y accesible sobre extranjería. A su juicio, las normas están redactadas con un lenguaje complejo y se ven alteradas por interpretaciones posteriores que no siempre llegan a la ciudadanía. “Hay mucha aclaración después de que sale la norma, pero la gente común no lo sabe y se queda empantanada”, lamenta, añadiendo que “poner a alguien a leer una norma de otro país y que acierte a la primera es imposible”.
La medida, impulsada tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas. Estará dirigida a extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, sin antecedentes penales y con al menos cinco meses de permanencia acreditada. El proceso permitirá una residencia inicial de un año y la regularización simultánea de hijos menores, un paso que, para muchos como Nicolás, puede marcar el inicio de una integración real y duradera.